Los bancos que compren a otros con ayuda pública no verán limitados sus salarios

El Gobierno ha decidido no limitar los sueldos de las entidades fuertes que se queden con las débiles a pesar de que el grupo resultante reclame ayudas públicas. Es decir, que si BBVA, el Santander o Ibercaja perciben fondos del Estado para quedarse con otro grupo, sus directivos y consejeros mantendrán sus retribuciones y no les afectará el recorte aprobado por el Consejo de Ministros para las que han tenido que ser rescatadas hasta ahora, según el real decreto publicado en el BOE el sábado. La medida deja claro por tanto que los ejecutivos del Sabadell podrán continuar con sus remuneraciones, aunque vaya a disponer de ayudas para sanear la CAM.

La normativa, en cambio, sí penaliza a los gestores de las entidades débiles que tengan que ser absorbidas. Para determinar este supuesto, el plan de integración deberá identificar cuál de los bancos que se fusionan es la causante de la solicitud de los recursos públicos. De lo contrario, toda la cúpula del conglomerado resultante verá restringida su retribución hasta los 600.000 euros máximos, mientras que los consejeros no ejecutivos podrán cobrar hasta 100.000 euros.

El decreto dice que la limitación de las remuneraciones "cuando las entidades participen en proceso de integración sólo será de aplicación a los administradores y directivos que lo fueren de aquella de las entidades que precise apoyo financiero público o que dé origen al mismo, y que a los efectos de este apartado deberá identificarse como tal en el correspondiente plan de integración".

La normativa, en materia de salarios, deja la puerta abierta a que las entidades que han sido ayudadas a través del Frob 1 puedan pagar derechos de pensión a sus máximos responsables. El ministro de Economía, Luis de Guindos, indicó el viernes que las restricciones afectaban tanto a sueldo fijo, variable y jubilación. No obstante, la regulación publicada no especifica nada sobre pensión, pero si hace mención de las otras dos partidas.

El decreto, a diferencia de lo explicado por De Guindos, tampoco establece que las entidades que se fusionen puedan mantener el flujo del crédito. La norma obliga a que éstas cuantifiquen en su proyecto de unión el aumento de los préstamos a empresas y familias. Pero a diferencia de lo anterior, el incumplimiento de esta condición elude una sanción.

Lo mismo ocurre con la desinversión que tendrán que llevar a cabo los grupos que se integren. El Gobierno ha impuesto la venta o reducción de los riesgos contraidos con el sector inmobiliario. Es decir, que las entidades tendrán que desprenderse de su cartera de pisos y suelo tras anotarse pérdidas con el endurecimiento de las provisiones.

El sector tiene que presentar su hoja de ruta al supervisor antes del 31 de marzo de este año. En el caso de fusión tendrán que alcanzar un acuerdo antes de que finalice mayo, que deberá ratificarse por las asambleas en septiembre. Entonces, las entidades se beneficiarán del plazo de dos años, 2012 y 2013, para llevar a cabo el esfuerzo en dotaciones, cuyo montante asciende a 50.000 millones de euros, además de hacerlo contra reservas en vez de contra la cuenta de resultados.

Los grupos que están llamados a ser absorbidos en los próximos meses son los nacionalizados Novagalicia y CatalunyaCaixa y el intervenido Banco de Valencia. El Gobierno quiere desprenderse cuanto antes de ellos. Por eso, ha decidido modificar la normativa en contra de contratos establecidos en su día.

El decreto elimina la posibilidad que tenían las dos primeras para buscar un comprador de las acciones en manos del Frob, de entre uno y dos años. De esta manera, el fondo de rescate tendrán las manos libres para buscar y designar quién se queda con sus acciones en estas dos entidades en cualquier momento. En Novagalicia, el peso del Frob asciende al 91% y en Catalunyacaixa, al 90%.

Novagalicia, la más afectada

Este cambio perjudica esencialmente a la gallega, cuyo presidente lleva meses negociando con fondos de inversión y empresarios de la región para que se reduzcan la presencia del Estado en su capital. En diciembre consiguió que diecisiete empresarios gallegos se hicieran con el 2,5% de las acciones por importe de 70 millones. En marzo, José María Castellano confía en que los fondos de inversión materialicen una operación de estas características, aunque por un montante menor.

Para que esta la modificación legislativa no le afecte, tendrá que convencer a estos inversores de que, al menos, desembolsen unos 1.000 millones. De esta manera Novagalicia podrá esquivar las trabas al reducir la presencia del Frob por debajo del 50%.

No sólo eso, la gallega también ha visto complicado su futuro en solitario por otro cambio. Las antiguas cajas, a través de su fundaciones, pretendían adquirir parte de las acciones para elevar su peso del 7% actual al 15%. La imposición de que las antiguas cajas tengan que destinar como mínimo el 90% de sus recursos a obra social imposibilita cualquier compra masiva de títulos de Novagalicia en un corto plazo.