El sector pide que se aprueben los sistemas para certificar la sostenibilidad de la biomasa

El sector de la bioenergía en España vive un momento de incertidumbre. La Directiva refundida sobre Energías Renovables de diciembre de 2018 (RED II, sus siglas en inglés), introduce nuevas exigencias en materia de sostenibilidad que afectan tanto a la biomasa como al biogás. Ya está disponible una nueva edición de elEconomista Energía. Descárgala gratis

A partir del 1 de julio, la biomasa sólida que se utilice para producir electricidad, calefacción y refrigeración o combustibles en plantas con una potencia térmica igual o mayor a 20 MW, así como el biogás que se emplee en plantas con una potencia térmica igual o superior a 2 MW, deberán cumplir criterios obligatorios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Para garantizar que esos criterios se cumplen, la Directiva de Renovables exige que exista un esquema de certificación -voluntario o nacional- que tendrá que ser aprobado previamente por la Comisión Europea, y que todos los Estados miembros deberán utilizar.

La cuestión es que el próximo 30 de junio la Directiva tiene que estar transpuesta en todos los Estados miembros y, a día de hoy, "Bruselas aún no ha validado ninguno de los tres mecanismos voluntarios -SURE, ISCC y SBP- que se han presentado para poder certificar esa biomasa", explica a elEconomista Energía Margarita de Gregorio, directora de Appa Biomasa y coordinadora de Bioplat.

"Esta situación -añade de Gregorio- podría crear un problema muy importante para el sector en nuestro país, porque si no se pudiera certificar la biomasa a partir de esa fecha, los productores no podrían percibir su retribución por producción de electricidad, es decir, se tendría que detener el mecanismo de percepción de retribución y, por otro lado, toda la energía que se generara con esa biomasa que no se ha podido certificar y que es sostenible, no computaría al cumplimiento de los objetivos de renovables en España".

Al sector no le preocupa que la biomasa forestal y agrícola que se utiliza en España no sea sostenible, "porque no tenemos ninguna duda de que lo es y, además, podemos demostrarlo", afirma de Gregorio, lo que sí les preocupa es que existan los instrumentos que permitan este compliance.

Peticiones del sector

A este respecto, el sector ha pedido, por un lado, que el Real Decreto de transposición, sobre el que el Ministerio trabaja a contrarreloj, incluya la creación de un esquema nacional de certificación de biomasas que recoja las particularidades del sector español de la biomasa, "ya que nuestro modelo de negocio y las biomasas que utilizamos en España -señala la directora de Appa Biomasa- no tienen nada que ver con el modelo de negocio y las biomasas que se emplean en los países del norte de Europa. En España las plantas no solo consumen biomasa forestal sino también agrícola (restos de podas, de cultivos y de industrias agroalimentarias), las instalaciones son de mucho menor tamaño y más diseminadas en el territorio".

Por otro lado, también han pedido que se les garantice que van a tener tiempo suficiente para hacer esa certificación, "o bien con un esquema nacional, que el Ministerio ya nos ha adelantado que no podrá ser actualmente, o con esquemas voluntarios hasta que estos sean funcionales una vez los apruebe la Comisión", afirma de Gregorio.

La directora de Appa Biomasa entiende que las empresas certificadoras y auditores encargados de hacer estas certificaciones necesitarán unos plazos para poder acreditarse en los esquemas voluntarios y formarse a partir del momento en que se aprueben dichos esquemas y que, por tanto, hasta un tiempo después no estarán cien por cien operativos en todas las regiones de España.

Y es que la situación en la que la Comisión está poniendo al sector europeo de la biomasa al no haber aprobado todavía esos esquemas es muy complicada, de manera que son los propios Gobiernos de los Estados miembros los que están valorando la posibilidad de establecer calendarios con hitos para que el sector pueda certificar, progresivamente, a medida que los esquemas sean aprobados y sean plenamente funcionales para los operadores del sector de la biomasa.

Transición energética en Europa

Desde Appa Biomasa apuntan que los requerimientos de certificación de la Directiva de Renovables están pensados para los países del norte de Europa, donde centrales térmicas de miles de MW están sustituyendo carbón por biomasa, y no para los que integran la zona sur del Continente, donde la valorización de biomasa está adecuada a la disponibilidad del recurso existente en cada territorio.

Estos países, para llevar a cabo su transición energética y garantizar el suministro de energía a su población, necesitan importar miles de millones de toneladas de biomasa (madera peletizada) de otros países, fundamentalmente del Norte de América (EEUU y Canadá) y de Asia, lo que ha impulsado que en la RED II se hayan incluido varios artículos con requerimientos mucho más estrictos para la biomasa sólida que se utiliza para generación térmica y eléctrica, y también para el biogás, pues resulta esencial garantizar que esta biomasa importada (fundamentalmente de origen forestal) es sostenible.

"Estas plantas no tienen nada que ver con las que tenemos en España", afirma de Gregorio. Las plantas más grandes de biomasa que tenemos en el país son las de 50 MW de Ence, Greenalia y Forestalia, fruto de la subasta de 2016, porque hasta la fecha, salvo alguna excepción, el resto de plantas de biomasa españolas estaban entre los 15 MW y 25 MW, y muy distribuidas por el territorio nacional.

España consume biomasa en una proporción de un 60% forestal y un 40% agrícola, apuntan desde Appa Biomasa, mientras que en el norte de Europa y otras zonas del Continente no se valoriza biomasa agrícola. "La biomasa agrícola que se consume en España son restos de podas y cosechas que vienen de cultivos en sí mismos sostenibles, al estar regidos por la PAC. Para que un agricultor obtenga la subvención de la PAC, ha tenido que cumplir numerosos y exigentes requerimientos previos, para garantizar la protección de suelos, de aguas subterráneas, de especies de flora y fauna, además de conservación de hábitats", explican.

Lo mismo sucede con la biomasa forestal. Para obtenerla, las Comunidades Autónomas tienen que haber aprobado un permiso de corta y ese permiso está basado en que la operación silvícola que se va a efectuar cumple con la Ley de Montes, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, además de con los numerosos decretos y leyes forestales que hay en las CCAA, aún más estrictos que las leyes básicas nacionales; es decir, que intrínsecamente esos requerimientos de la sostenibilidad de la Directiva ya están incluidos en las leyes nacionales y autonómicas.

"Sabemos que nuestras biomasas cumplen con los requerimientos de la Directiva y tenemos forma de demostrarlo, tanto para biomasa agrícola como para biomasa forestal. Solo necesitamos contar con los esquemas de certificación que nos permitan hacerlo en tiempo y forma", comentan desde Appa Biomasa.