La futura jefa de la CNMC afronta un conflicto por las asesorías de su marido

La candidata a presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, Cani Fernández, puede afrontar un mandato de lo más complicado, por culpa de las constantes incompatibilidades en las que se puede ver inmersa por la profesión de su esposo, Jorge Padilla, director general de Compass Lexecon, una de las principales consultoras mundiales en materia de competencia.

La pareja forma, sin duda, un tándem de los más prestigiosos del país, pero el paso de la abogada a la CNMC supone una situación complicada de gestionar, por los conflictos de interés que pueden surgir por su anterior cargo en Moncloa y por su relación conyugal.

El reglamento de la institución pretende evitar que los miembros del consejo de la CNMC puedan ser juez y parte y para ello deja muy clara la norma: "Se considerará que existe un posible conflicto de intereses cuando los miembros del Consejo intervengan en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos o de personas con las que tengan una relación análoga a la conyugal, o intereses compartidos con terceras personas". Es decir, podría llegar a suponer un conflicto con cada cliente que tenga Compass Lexecon en España.

La elección de Fernández ha propiciado ya una tormenta política entre los partidos de la oposición, que consideran que no tiene el perfil más adecuado por su paso desde el pasado mes de marzo del reconocido despacho Cuatrecasas a un puesto como asesora legal del jefe de gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo.

Amplio recorrido

Jorge Padilla ha intervenido en algunas de las operaciones más destacadas de los últimos años, tal y como aparece en su currículum, como por ejemplo las fusiones de Siemens y Dresser-Rand, la de Omnicom y Publicis, la de GDF y Suez o la de GE y Alstom, entre otras muchas. Asimismo, ha hecho informes para Microsoft, Google, Telefónica, Tomra o Qualcomm y ha participados en procesos como el del bitumen, donde se sancionó a Repsol, Cepsa, BP y Galp, a lo largo de su carrera.

Padilla ha realizado a lo largo de los últimos años un buen número de análisis sobre la situación de la competencia en España.

En una presentación realizada en una jornada del Banco de España con el Fondo Monetario Internacional, el 3 de abril de 2018, el consultor defendía que en nuestro país "necesitamos empoderar a los reguladores sectoriales y eliminar todas las interferencias políticas en los sectores regulados".

Para el director de Compass Lexecon, "el capitalismo oligárquico que ha caracterizado nuestra economía desde mediados del siglo XIX abre una vía al capitalismo meritocrático, que es el único que puede garantizar el crecimiento y la prosperidad de todos".

Curiosamente, en dicha presentación el consultor hacía referencia también a "eliminar las barreras de entrada creadas por la regulación y/o legislación nacional, regional o local" y ponía como ejemplos los casos de las estaciones de servicio automáticas y la llegada de Uber, con un recorte de prensa con el siguiente titular "La CNMC amenaza al Gobierno con el Supremo si mantiene la Ley anti Uber". Lo curioso en este caso es que la compañía de movilidad era representada por su esposa desde el año 2016 en Cuatrecasas.

Banca, telecos y energía

El diagnóstico de Padilla incluía, además, serias advertencias a sectores como el de las telecomunicaciones, la energía y la banca, donde aseguraba que había un déficit de competencia por la concentración tan elevada que se había producido en los últimos años, como resultado de las constantes fusiones y adquisiciones. Además, el directivo explica que en estos sectores los precios son altos, comparados con los homólogos europeos, y los márgenes se han incrementado en los sectores, especialmente aquellos en los que la concentración ha ido creciendo de un modo más rápido.

Para Padilla la situación supone que firmas ineficientes viven demasiado, que se invierte menos en investigación y desarrollo y que la calidad de los directivos españoles es menor.

Cani Fernández, por su parte, es Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y especialista en Derecho Comunitario por la Universidad Libre de Bruselas. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el ámbito privado, donde ha sido socia senior del Grupo de Derecho de la Unión Europea y de la Competencia, del despacho de abogados Cuatrecasas.

Ha realizado una amplia actividad docente en la Universidad Carlos III, en la Escuela judicial del Consejo del Poder Judicial, en l'École Nationale de la Magistrature y en la MCGeorge School of Law, University of the Pacific, y ha sido también ponente habitual en materia de Derecho de la UE y de la competencia en conferencias organizadas por la American Bar Association, la International Bar Association, conferencias, talleres y seminarios del ICN, conferencias de la Academia de Práctica Jurídica de la UE, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Real Colegio de España en Bolonia, IBC, entre otros.

Ha recibido, asimismo, varios premios internacionales como el NATO Fellowship Award, el Outstanding Contribution to the Legal Profession y el Star Individual EU Law & Competition.