España tiene 1.513 vertederos ilegales según estipula Europa

El accidente del vertedero de Zaldibar, en Vizcaya, ha puesto de manifiesto la situación en la que se encuentran las plantas de residuos de nuestro país. Según los datos el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se generan 22 millones de toneladas al año -datos de 2017, los últimos disponibles-, de los cuales, el 51,2%, es decir más de la mitad, se destinan al vertido.

Estos datos ponen de relieve que España también está lejos no solo de los objetivos marcados por la Unión Europea para el reciclaje de residuos (60% en el año 2030), sino también de la media actual de otros países. En el año 2017, mientras que la media de los países europeos de residuos municipales reciclados se situaba en el 46,5%, en España este porcentaje se quedaba en el 33,5%.

Así, la generación de residuos per cápita bajó de los 500 kilos por ciudadano que se registraron en 2010 a los 448 kilos per cápita en 2014, para iniciar una nueva senda de crecimiento a partir de ese año y alcanzar de nuevo los 462 kilos per cápita en el año 2017, según pone de manifiesto el informe de la Fundación Cotec.

Situación de los vertederos

Esta situación es insostenible a largo plazo. Según denunciaba el presidente de la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (Aeversu), Rafael Guinea, "llevamos muchos años pensando que el basurero era una solución y que íbamos a hacer desaparecer los residuos mediante un aumento de las tasas de reciclaje". Y se lamentaba: "No hemos sido capaces nosotros ni ningún otro país de conseguirlo".

Más alarmante es la opinión de las organizaciones ecológicas. De hecho, según apuntan tanto desde Greenpeace como desde Ecologistas en Acción, la gran mayoría de los vertederos de España están llenos o a punto de rebosar, lo que supone que son una "bomba de relojería", según señalan desde Greenpeace.

"Castilla-La Mancha es el destino deseado de los residuos industriales, puesto que no dispone de tasa pública de vertido"

De hecho, según Ecologistas en Acción, no es descartable que se repita el accidente del vertedero de Zaldibar, que causó la muerte a dos operarios que se encontraban trabajando en la instalación en el momento del derrumbe. Y ponen el punto de mira en la planta de residuos industriales de Almonacid del Marquesado, en Cuenca. Según la organización ecologista, esta instalación recibe "500 toneladas de residuos al día, casi todos de fuera de Castilla-La Mancha" y recuerda que "con una superficie de unas 53 hectáreas, en la autorización ambiental integrada (AII) de febrero de 2016, figura una capacidad de depósitos total de 21,5 millones de toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP), a un ritmo de 300.000 toneladas al año".

Esta situación se debe a que "es el vertedero privado más grande de España, ubicado en un territorio sin industrias, que se diseñó para enterrar residuos importados, gracias a que en Castilla-La Mancha no existe tasa de vertido". Por ello, destacan que "Castilla-La Mancha es el destino deseado de los residuos industriales, puesto que, a la ubicación de la región en el centro peninsular, con excelentes accesos por carretera, se une que no dispone de tasa pública de vertido, al contrario del resto de comunidades autónomas limítrofes.

Distribución de las plantas

España contaba, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 2018, con un total de 182 vertederos de residuos municipales, a los que se suman medio centenar de plantas de gestión de residuos industriales y peligrosos. La mayor concentración de vertederos se encuentra en el norte del país: Navarra, País Vasco, Aragón -en su parte norte- y Cataluña cuentan con una treintena de instalaciones cada una. Otras comunidades como Castilla-León, Comunidad Valenciana o Andalucía disponen de una veintena de vertederos cada una.

Entre los requisitos que marca la Ley para poner en marcha un nuevo vertedero se encuentra la presentación del proyecto ante la comunidad autónoma correspondiente, que será la encargada de facilitar los permisos. Además, a través del Real Decreto Ley de 2015 se regula el traslado de residuos en el interior del Estado, lo que implica que los gestores están obligados a controlar la trazabilidad de los residuos desde que se generan hasta que se depositan en el vertedero.

A pesar de las regulaciones, España sigue llamando la atención de Europa por los vertederos ilegales. De hecho, el Tribunal de Justicia Europeo ha multado en tres ocasiones desde 2015 a nuestro país por la existencia de este tipo de instalaciones. De hecho, según el último dictamen de la Comisión Europea en este sentido, del año 2018, señalaba que en España contaba con 1.513 vertederos irregulares.

De hecho, ya se intentó atajar este problema, y gracias al Plan Nacional de Residuos Urbanos, vigente entre los años 2000 y 2006, se consiguió cerrar hasta 4.000 instalaciones irregulares. Sin embargo, el problema sigue persistente, sobre todo, para ser el cementerio de residuos del sector de la construcción. Según datos oficiales, solo el 25% de los desechos de las obras llega a las plantas de tratamiento de residuos para su reciclaje. España, además, es uno de los países que más escombros genera por habitante, hasta una tonelada al año, y este tipo de residuos supone el 40% del total generado, lo que representa entre un 10% y un 15% más que la media europea.

Estas cifras contrastan con la "facilidad" de reciclaje de estos materiales, según la Asociación Española de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición. Sin embargo, y a pesar de que la normativa europea fija para este año 2020 que el 70% de los residuos generados por el sector de la construcción deben reciclarse, en España este porcentaje solo alcanza el 40%, según destacan desde la Asociación Profesional de Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición de Galicia y la Asociación de Gestores de Residuos de Construcción de la Comunidad de Madrid.