Colombia recurre el laudo que apoya a Naturgy en su disputa por Electricaribe

Colombia ha decidido recurrir el laudo aprobado por el Ciadi a finales de agosto en el caso Glencore, que beneficiaba a Naturgy por las durísimas críticas que se vierten en el mismo contra la Contraloría, una de las principales instituciones que han participado en el proceso de intervención de su filial Electricaribe.

Prodeco -filial colombiana de Glencore- era desde 1989 la explotadora de una mina de carbón. Desde que se firmó el contrato inicial, se hicieron varias modificaciones siendo la última en 2009.

En esta última reforma se preveía unas mayores inversiones para incrementar la producción y a cambio una reducción del importe que se pagaba a Colombia por tonelada, resultando de ello un incremento de los ingresos totales para el país hasta el 2032.

La enmienda se negoció durante meses y finalmente se firmó. Al poco tiempo, la Contraloría abrió una investigación y consideró que el acuerdo era desventajoso para el país. Su análisis se limitó al año de transición 2010, constatando que los ingresos con el nuevo esquema eran inferiores a los que hubiera habido con el esquema anterior en un valor de 19 millones de dólares. Y, en consecuencia, reclamó a Prodeco esa cantidad. La Contraloría no analizó si el acuerdo sería ventajoso en los años restantes hasta 2032.

La Contraloría colombiana es un órgano administrativo (a diferencia del Tribunal de Cuentas español que sí tiene carácter de órgano jurisdiccional) que investiga el uso diligente de los fondos públicos y, si estima que se han perjudicado, declarar responsabilidad fiscal que obliga a los funcionarios o a los particulares a indemnizar al Estado por el perjuicio. Glencore y Prodeco consideraron que la conducta de este organismo suponía un incumplimiento del tratado bilateral de protección de inversiones y presentaron un arbitraje en marzo de 2016 que forzó al organismo a devolver esta cantidad, pero no atendió las reclamaciones de Glencore. La autoridad incautó determinados documentos a Prodeco, que luego Colombia trató de utilizar en el arbitraje internacional. El tribunal arbitral lo rechazó e impidió que se utilizara en el arbitraje documentación que se había obtenido para otros fines. El Tribunal considera que infringe el Derecho internacional a igualdad de medios de defensa de las partes y considera que constituiría incluso una desviación de poder bajo Derecho colombiano.

La Contraloría prejuzgó también la decisión cuando aún estaba en fase de investigación, según se recoge en el laudo, y asegura que al empeñarse la Contraloría en calcular exclusivamente el impacto de la enmienda en el primer año (que además era de transición) en lugar de estimar cómo sería el impacto en los años subsiguientes hasta 2032, esta actuó de manera parcial, irrazonable y arbitraria.

Freshfields Bruckhaus Deringer US (Washington) y Álvarez Zárate & Asociados (Bogotá) han estado de parte de Glencore; y Dechert y Pierre Mayer (París) de parte de Colombia.

Colombia trata de acelerar ahora la venta de Electricaribe después de que ya se hayan producido las declaraciones a principios de diciembre para el laudo con Naturgy.