El Gobierno impondrá nuevos requisitos a la conexión a red

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ya tiene decidido introducir requisitos adicionales para la conexión a la red de las plantas renovables, al objeto de impedir la compraventa de los derechos de acceso: exigirá cumplir con flexibilidad ciertos hitos en la tramitación posterior de los proyectos, como la obtención de los permisos ambientales, pero no exigirá disponer previamente de los terrenos, con la intención de que la especulación no se traslade a ellos.

La Cartera dirigida por Teresa Ribera va a adoptar el sistema de hitos en la tramitación de los proyectos que diseñó el anterior Gobierno para la tramitación de las plantas verdes adjudicadas en las subastas del año 2017 y que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quería incluir en su proyecto de Circular de acceso y conexión a la red.

El anterior Ejecutivo estableció un sistema de devolución progresiva de los avales de 60.000 euros por MW exigidos para presentarse a las pujas, vinculado a dos hitos: la identificación de los proyectos y a la recepción de la autorización administrativa para la construcción de las plantas identificadas.

La CNMC, en su proyecto de Circular, planteaba que el derecho de acceso y conexión caducase si 12 meses después de haber sido otorgado el promotor no disponía del estudio o el informe de impacto ambiental, no había presentado la solicitud para obtener la autorización de instalación previa o la solicitud de la autorización administrativa de construcción. Finalmente, a los 48 meses tenía que haber obtenido este último permiso. In-cumplir estos hitos implicaría también la ejecución de la garantía exigida a la hora de solicitar el derecho de acceso, que asciende a 40.000 euros por MW de potencia.

Adicionalmente, la CNMC quería vincular el otorgamiento del derecho de acceso a que el promotor presentara un proyecto con algún documento justificativo de haber apalabrado unos terrenos concretos, como mínimo.

El Miteco criticó a la CNMC por haber pretendido regular el acceso y la conexión de los proyectos a la red, que considera de su exclusiva competencia, pero ha asumido su planteamiento, si bien lo ha flexibilizado; el derecho de acceso tiene una validez de cinco años y no se exigirá cumplir los hitos a los 12 meses.

Tampoco será necesario presentar el documento acreditativo del derecho de uso de unos terrenos, porque ello hubiera supuesto trasladar la especulación desde el punto de conexión al suelo, algo especialmente relevante en el caso de los parques eólicos que quieran montarse en zonas de minifundio, donde tiene valor el lugar concreto en que se levantará cada molino.