El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a que Bankia tenga que realizar otra devolución millonaria a los inversores por su salida a bolsa. El Pleno de la Sala de lo Civil ha rechazado que la entidad tenga que reembolsar el dinero a los inversores que adquirieron títulos de la entidad en el mercado secundario, tras su salida a bolsa, operaciones en las que Bankia era intermediaria. Según el Alto Tribunal, que ha examinado la demanda de un cliente segoviano que adquirió 35.334 títulos a finales de 2011 en el mercado secundario, en éste caso no fue Bankia quien vendió las acciones y, por tanto, está exenta de responsabilidad. El banco que encabeza José Ignacio Goirigolzarri, desde mayo de 2012 ha devuelto más de 1.800 millones de euros a 11.000 inversores minoristas, que acudieron a la salida a bolsa de la entidad en julio de 2011, por la presunta falsedad de las cuentas en las que se apoyó la operación. La cifra de reembolsos representa el 98,5 por ciento del total. Aún hay una minoría de clientes que no ha reclamado su dinero ante la entidad, aunque ésta tiene consignadas las cuantías en una cuenta corriente para cuando soliciten su devolución. En el caso analizado ahora por el Supremo, éste argumenta que la venta de las acciones no la realizó Bankia directamentel sino que, en este caso, el banco dio un servicio de inversiónl como fue "la recepción y transmisión de órdenes por cuenta de terceros". El comprador adquirió los títulos a un tercero, del que se desconoce cómo los había adquirido a su vez. Este mismo tribunal, no obstante, aún está analizando una segunda demanda de otro inversorl que también reclama la devolución del dinero por comprar acciones de la entidad en el mercado secundario. 'Paraguas' para el SantanderDe momento, este primer fallo también hace de paraguas para el Banco Santander de cara a afrontar demandas por los mismos motivos del Banco Popular. El grupo cántabro ya ha tenido que asumir devoluciones a clientes que acudieron a la emplación de capital que la entidad adquirida realizó en 2016. Varios jueces de primera instancia han dado la razón a distintos clientes a que el banco basó esta oferta en unas cuentas que no mostraban la verdadera realidad de la entidad. La Audiencia Nacional, que investiga la caída del Popular por la vía penal, ha limitado la instrucción al año 2016. No obstante, varios despachos de abogados han acudido a la vía civil a reclamar devoluciones por la ampliación de capital que hizo el Popular cuatro años antes, en 2012, bajo el argumento de que ya entonces las cuentas de la entidad no mostraban la realidad de la misma. Entre los argumentos, señalan que el banco usó una trama opaca en Luxemburgo para ocultar pérdidas.