Plantea una cuestión prejudicial a la UE para saber si va contra las leyes europeasLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) devuelve a la Unión Europea el conflicto de la estiba al considerar que el proceso de liberalización ha fallado. Así, el superregulador ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE los últimos acuerdos de la estiba y el Real Decreto 9/2019 aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para blindar la subrogación obligatoria de los trabajadores portuarios tras considerar que, en alguno de sus artículos, podría ir en contra de la constitución de la UE.En concreto, señala que, tras la sanción impuesta a España por la UE por impedir la libre contratación de trabajadores por parte de las firmas de la estiba, el Real Decreto Ley 9/2019 de 29 de marzo "otorga de nuevo a los agentes la posibilidad de establecer mediante acuerdos una subrogación obligatoria de las empresas en el personal de la Sagep", lo que está en línea con los acuerdos firmados en 2017 entre los operadores y los sindicatos. Unos pactos que la CNMC vio ilegales al considerar que "suponen una restricción al derecho a la libre competencia" y contra los que incoó un expediente sancionador.Y es que, Coordinadora y las empresas de Anesco pactaron introducir una disposición adicional en el IV Acuerdo Marco que incluye una serie de obligaciones comerciales entre operadores que "iban más allá del ámbito de la negociación colectiva y de las previsiones contempladas en el Real Decreto ley de 2017", que fue aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para suspender la multa impuesta por Bruselas por incumplir "la libertad de establecimiento que garantiza el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)".Así, ante los últimos cambios legislativos, que "podrían tener un efecto retroactivo", el organismo ha pedido a Bruselas que le fije los criterios para actuar e interpretar las normativas de la UE a la hora de sancionar o no los acuerdos y que le aclare si los principios incluidos en el Real Decreto Ley 9/2019 de Sánchez son contrarios a la normativa europea, que prima sobre la española. No hay que olvidar que fue la UE la que sancionó a España por imponer la contratación prioritaria y exclusiva de trabajadores vinculados a las Sagep. Un modelo que se mantiene mediante los acuerdos laborales y que fueron blindados por el decreto.Antes de resolver el expediente sancionador, que queda en suspenso, el superregulador ha presentado una cuestión prejudicial para preguntar directamente al Tribunal de la UE si el artículo 101 del TFUE, que declara prohibidos los acuerdos entre empresas o las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados o busquen falsear o restringir el juego de la competencia, debe extenderse a los pactos entre operadores y trabajadores. En el caso de que el tribunal responda afirmativamente, Competencia quiere saber específicamente si el Decreto de Sánchez es contrario al artículo 101 en tanto en cuanto "imponen una determinada forma de subrogación generando armonización de las condiciones comerciales" y si tiene capacidad para multar.