El anuncio de finalización de las subastas del servicio de interrumpibilidad ha hecho saltar las alarmas entre los grandes consumidores eléctricos. El secretario de Estado de Energía en funciones, José Domínguez Abascal, afirmaba recientemente que la subasta de interrumpibilidad para la industria electrointensiva que se celebró a mediados de junio, "ha sido la última". Según comentó, "la dirección general de competencia de la UE no permite que haya más subastas de interrumpibilidad, de manera que los problemas de la industria intensiva deberán resolverse por otros caminos".La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) ha mostrado su preocupación, ya que el fin de las subastas puede suponer "una pérdida aún mayor de competitividad de las industrias electrointensivas" y también cierto grado de sorpresa, porque "hay muchos países europeos que cuentan con este servicio como elemento importante de seguridad de su sistema eléctrico". De hecho, España ya cambió el anterior sistema de interrumpibilidad de la demanda eléctrica a petición de Bruselas, que quería un modelo que fuese competitivo para reducir los costes del mismo.Aunque el anuncio ha venido condicionado a que el sistema de subastas se mantendrá mientras no se apruebe el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, lo cierto es que las subastas de interrumpibilidad para el segundo semestre de 2019, celebradas entre el 17 y el 19 de junio en Madrid, sitúan la retribución anual del servicio en 196 millones de euros (101 millones de euros destinados en el primer semestre y 95 millones en el segundo), "que supone un recorte del 38 por ciento respecto a 2018", según confirma a nuestra publicación Fernando Soto, director general de Aege.Elevada competencia En esta convocatoria, en la que han participado 123 empresas, se han asignado 2.340 megavatios de potencia interrumpible divididos en 16 bloques de 40 megavatios y 340 bloques de 5 megavatios, con un precio de salida de 150.000 euros megavatio/año y 125.000 euros megavatio/año, respectivamente. Sin embargo, la elevada competencia ha provocado que el precio medio de asignación cayera hasta los 96.925 euros megavatio/año para los productos de 40 MW y hasta los 75.307 euros megavatio/año para los de 5 MW, lo que supone un precio medio ponderado de 81.220 euros megavatio/año.PreocupantesLas malas noticias para la industria electrointensiva, afirma el representante de Aege, "no acaban aquí" y califica de "preocupantes" los datos sobre el estado general de la industria española. Según el director general de la asociación, el Valor Agregado Bruto (VAB) de la industria respecto del total de la economía "ha caído al 14 por ciento del 26 por ciento que tenía en 1980". Además, el peso de la industria en el Producto Interior Bruto (PIB) "es del 12,6 por ciento, cuando en 2008 llegaba al 14,5 por ciento". Y el indicador IRE de Red Eléctrica de mayo -un índice que facilita información sobre la evolución del consumo eléctrico del conjunto de las grandes y medianas empresas entendidas como aquellas que tienen una potencia contratada superior a 450 kilovatios-, indica para la industria "un descenso del 9 por ciento, con una caída acumulada en los últimos doce meses del 4,4 por ciento".Fernando Soto no recuerda una situación igual y afirma que la industria electrointensiva "está en alerta máxima", ya que a los datos económicos aportados se añaden otros que están afectando negativamente al sector, entre los que se encuentran la disminución del consumo de electricidad hasta los 23 teravatios hora de las industrias asociadas en Aege en 2018 y que supone un 6,4 por ciento menos respecto al de 2017, el anuncio de cierre de dos plantas de aluminio y los ERE en fábricas de otros sectores. En 2019, también se constata la reducción de producción en fábricas del sector electrointensivo en general. Las plantas de aluminio a las que se hace referencia son de Alcoa. La multinacional anunciaba el 17 de octubre pasado el cierre definitivo de sus factorías en A Coruña y Avilés alegando una "improductividad" ocasionada por problemas estructurales, unido al elevado precio de las materias primas y al coste de la energía. Varios meses después, Alcoa ha llegado a un principio de acuerdo para la venta de sus plantas, que supone la suspensión del ERE que afectaría a casi 700 personas al menos durante los dos próximos años. La operación encara esta semana su recta final, en la que se perfilarán los detalles sobre la única oferta que ha quedado sobre la mesa, la del fondo suizo Parter Capital.Desde Aege se quejan de que, desde 2005, vienen reclamando que se armonicen las condiciones de suministro con las de sus principales competidores, "pero todo se deja a que se resuelva con la transición energética a partir de 2030".