"Desde hace prácticamente un año este Gobierno viene trabajando por la realización de una verdadera política de vivienda". Ese es el mensaje que ha lanzado Helena Beunza, secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento, en la presentación del II Observatorio sobre la Vivienda en España de Century 21 en colaboración con SigmaDos y organizada por elEconomista. Para Beunza, entre las líneas de actuación, hay una que es transversal: "Avanzar en la transparencia e información pública del sector inmobiliario para asegurar su eficacia y eficiencia".A este respecto, el acceso cada vez mayor, especialmente de los jóvenes y los hogares con menos ingresos, al alquiler supone un elevado esfuerzo económico. De este modo, "el 42 por ciento de los hogares destina al pago del alquiler más del 40 por ciento de los ingresos, lo que tiene consecuencias en la economía familiar y en la economía del país", expone Beunza.Los precios del aquiler de manera genérica están en estos momentos un 15,9 por ciento por debajo del máximo alcanzado en 2007, unos datos que, según reconoce Beunza, "no significan que esta sea la situación idónea", ya que la capacidad económica de las familias no es igual a la de hace doce años. "Para hacer frente a esta situación las administraciones públicas cuentan con débiles instrumentos, pocos recursos económicos y un escasísimo parque de viviendas sociales". Mientras que en España la vivienda social se sitúa en el 2,5 por ciento, en los países de nuestro entorno este porcentaje alcanza el 16 por ciento.Líneas de actuaciónCon la finalidad de contribuir a mejorar esta situación, el actual gobierno en funciones plantea una serie de medidas, aunque cabe recordar que "la vivienda es competencia de las comunidades y el Estado tiene competencia limitada".Una de las líneas de actuación sobre la que profundizó ayer pasa por "la preparación de una ley estatal en la que se regula para todo el territorio, garantizando la igualdad de derecho en materia de vivienda". Entre las novedades se baraja incluir la función social de la vivienda, la regulación del servicio público de vivienda y un régimen jurídico cualificado de los parques para evitar operaciones especulativas. Además se buscará impulsar medidas como el cohousing.Por otro lado, Helena Beunza recordó durante el acto que también es necesario eliminar los procesos burocráticos "en los que aprobar un plan general tarde 10 años. Buscaremos medidas específicas para el acceso de los jóvenes a la vivienda y apoyo de la financiación. Estas medidas articularán el giro social de la vivienda a corto, medio y largo plazo. Estaría bien afrontarlo en el marco de un pacto de Estado, puesto que es necesaria la coordinación de las medidas permanentes", concluye Beunza.