El pasado martes 18 de junio la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado, que dirige Isabel Celaá, aprobó el borrador de decreto de becas para el próximo curso 2019-2020, elaborado por el Gobierno en funciones, manteniendo el sistema variable de becas, con criterios como el rendimiento académico, introducido en el año 2013 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El informe de la ponencia de este borrador ha contado con 13 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. El decreto establece los umbrales de renta y patrimonio familiar, así como las cuantías de las becas y ayudas al estudio. El pasado miércoles 12 de junio, la ministra de Educación en funciones admitió que el actual sistema de becas, heredado de los gobiernos del Partido Popular, no le gusta, pero ha justificado su prórroga para el próximo curso porque no cuenta con presupuesto para modificarlo. En el texto aprobado se pide que las cuantías de las ayudas vuelvan a los márgenes del Real Decreto de 2007, aprobado por el PSOE antes de la reforma de Wert. Proponen que gran parte de las mejoras vayan orientadas a ayudar a los alumnos en situación de mayor vulnerabilidad, y que la cuantía fija que reciben pase de los actuales 1.600 euros anuales a 3.500 euros. El informe del Consejo considera que es completamente necesario realizar un cambio en el sistema, que después de la reforma de Wert, se aleja de la igualdad. Proponen recuperar el complemento de desplazamiento que se eliminó en 2013: 192 euros para distancias de entre 5 y 10 kilómetros, 386 euros entre 10 y 30 kilómetros, 763 euros entre 30 y 50 kilómetros, y 937 euros para los estudiantes que tengan que recorrer más de 50 kilómetros. Además, también exigen una modificación de las cuantías ligadas a los resultados académicos.Ceapa y sindicatosLa confederación de madres y padres de estudiantes (Ceapa) y los sindicatos CCOO, STES y UGT son los más críticos con este decreto. Estas organizaciones consideran que la propuesta de Celaá es una "mera copia" del Real Decreto 951/2018, de 27 de julio. Familias y docentes reprochan al Ejecutivo que "el proyecto mantiene la incertidumbre sobre el importe que se va a recibir". Reclaman que se pueda eliminar el adelanto de dinero y que las becas y ayudas que se concedan sean inembargables y tengan carácter subjetivo.