El Gobierno de Pedro Sánchez baraja recurrir al comodín del gasto en farmacia para financiar otras políticas sanitarias, como el acceso universal al Sistema Nacional de Salud o la nueva revisión del copago farmacéutico, y evitar así que se le descuadre todavía más el déficit de las cuentas públicas. La actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 presentado a Bruselas incide en un gasto público en medicamentos dispensados en oficinas de farmacia que todavía no ha recuperado su nivel precrisis -ver tabla-. A pesar de esta realidad, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, considera que existe margen de ahorro y se ha apresurado a incluir entre las recomendaciones que propone la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el sistema de compras por subastas que introdujo la ministra en Andalucía en 2011 cuando ocupaba la cartera sanitaria, sin olvidar de apuntar un cambio en el modelo de remuneración de farmacias que provocaría un verdadero tsunami al pasar del actual margen sobre el precio de dispensación a remunerar por servicios de valor añadido.Después de que el nuevo Ejecutivo andaluz haya puesto fecha de caducidad al sistema de subastas de Montero, el Gobierno central pretende ahora generalizar el modelo de licitación de medicamentos dispensados en farmacias a nivel nacional, con el fin de que "el sector público se beneficie de los descuentos que ahora reciben las farmacias". Unos descuentos que, en el caso de los laboratorios adjudicatarios en Andalucía, alcanzarían de media hasta un 30 por ciento sobre el precio marcado por el Estado, pero sin cumplir las garantías de abastecimiento del contrato. Sanidad ya habría aprobado, el pasado 11 de abril, un plan para obligar a las farmacias a devolver los descuentos recibidos en la compra de fármacos financiados por el SNS, además de fomentar la prescripción por principio activo para generalizar las subastas.La AIReF calcula que el sector público se podría ahorrar 1.000 millones de euros entre 2020 y 2022 aplicando un sistema andaluz de subastas que ninguna otra región ha desarrollado hasta la fecha por los problemas de abastecimiento y también de competencia que genera. Otros 500 millones de euros más de ahorro se alcanzarían con cuatro recomendaciones más que Hacienda incluye en su Plan de Estabilidad y que vuelven a incidir en el gasto en farmacia y, en especial, en el gasto en medicamentos genéricos que ya han perdido la patente. En total, se trata de generar un ahorro de 1.500 millones de euros con medidas como la revisión del actual sistema de precios de referencia para priorizar las equivalencias terapéuticas, que podría implantarse de forma "rápida", como reconoce el Ministerio, y que impactarían una vez más sobre un sector de farmacias, que todavía no ha recuperado su nivel de facturación anterior a la crisis.Mercado "para indios"La industria de medicamentos genéricos no esconde su preocupación, pero prefiere esperar a saber más sobre los planes reales de Hacienda. Fuentes consultadas del sector apuntan que "el modelo de subastas lleva a un mercado para indios", en referencia al origen de alguno de los laboratorios adjudicatarios en Andalucía, donde el único criterio válido sería el precio fijado por estas compañías con las que sería muy difícil competir en este escenario de adjudicación al mejor postor. Además, señalan otro problema: "Sin diferencia de precios entre marcas y genéricos, solo nos queda un instrumento para competir que es la aplicación de descuentos", recuerdan desde una de las principales multinacionales del sector, por lo que si se elimina esta posibilidad "no nos queda nada", advierten. La AIReF prevé superar la distorsión del mercado que produciría la puja por el suministro con algunos cambios. Se trataría de una propuesta de subasta sin exclusividad, con oferta y precio únicos en lugar de descuentos y una división en lotes de los fármacos que menos impacto tiene sobre la industria nacional y que han demostrado mayores ahorros en Andalucía: omeprazol, metamizol y simvastatina, entre otros. De salir adelante el modelo de subastas, el conflicto legal estaría asegurado y se tendría que contar con la reacción de la industria farmacéutica ante una de las políticas sanitarias que más se ha judicializado al quebrar el principio de igualdad en el acceso a los medicamentos de los pacientes tras la negativa de los principales fabricantes del sector a participar del sistema de adjudicación andaluz.Hay que recordar que del total de desabastecimientos en la farmacia española, la mitad se producía en Andalucía. En concreto, 19 de los 50 fármacos con problemas de suministro en España eran de fármacos subastados en Andalucía.