El Banco Santander abre por primera vez la puerta a reducir el número de afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con motivo de la integración definitiva del Popular. La entidad mantuvo ayer una reunión con los representantes sindicales, en la que mostró su predisposición a reducir el número de salidas propuestas, que ascendían a 3.713 empleados. La entidad podría llevar una nueva propuesta a la próxima reunión, prevista para el 4 de junio. Según confirman fuentes sindicales a este diario, el banco quiere "acabar pronto" con la negociación y estiman su duración en "un mes y medio", lejos de los cuatro meses que prolongó CaixaBank las negociaciones iniciadas este invierno para su ajuste. El consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, aseguró el pasado mes de abril, durante la presentación de los resultados del primer trimestre, que la intención del grupo es ejecutar la mayor parte del ERE antes de que finalice el año.El grupo ya rebajó las cifras iniciales propuestas de salidas en sus dos últimos recortes. En 2016, la entidad comenzó la negociación apuntando a 1.660 afectados, que después recortó a 1.318, un 17 por ciento menos. Del mismo modo, el ajuste que realizó en los servicios centrales del Santander y Popular en 2018 afectó a 1.100 personas, de las 1.500 propuestas en un primer momento, es decir, lo recortó un 27 por ciento. De momento, algunos sindicatos ya han alzado la voz para exigir que el banco salve en torno a un 15 por ciento de los afectados. Desde UGT, sin embargo, no ponen número y aseguran que "cuantas menos salidas, mejor". Por su parte, CCOO exige al grupo cántabro que iguales las condiciones económicas del actual ajustes a las que impuso en el recorte de 2018. El banco propuso el pasado martes prejubilaciones a partir de los 55 años con el 65 por ciento del salario, cuando un año antes las concedió con el 80 por ciento del sueldo. Una de las exigencias sindicales que sí ha corregido la entidad, es la referente a la movilidad geográfica. El grupo financiero anunció el pasado martes que ampliaba de 100 a 400 kilómetros la distancia para poder trasladar a los empleados. Ayer echó marcha atrás, tras las quejas sindicales. No obstante, mantienen la movilidad entre islas. El Santander también ha propuesto el cierre de 1.150 oficinas, casi el 80 por ciento de las sucursales que tenía el Popular en la fecha en que lo adquirió el banco liderado por Ana Botín. A pesar de la alta cifra, los sindicatos aseguran que no hace falta prescindir de tanto empleados, porque el negocio se mantendrá ya que los clientes acudirán a otras oficinas. El grupo cántabro prevé ahorrar 1.000 millones al año en Europa a medio plazo, según reflejó en su nuevo plan estratégico, presentado en abril, de los que una gran parte los logrará gracias a la integración del Popular.