El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en respuesta a cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, considera que varios tributos ambientales sobre la energía, que recaudan unos 600 millones anuales destinados a cubrir costes del sistema eléctrico, no son contrarios al derecho comunitario.Los citados tributos se derivan de la aplicación de la Ley 15/2012 y son el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado (se espera que recaude unos 8 millones este 2019, según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), el impuesto sobre el almacenamiento de estos residuos (unos 277 millones) y el canon hidroeléctrico (unos 340 millones). La opinión del abogado general, el irlandés Gerard Hogan, no es vinculante, pero el TJUE suele acatar sus criterios y recomendaciones, de modo que es muy probable que pronto se zanjen los conflictos judiciales, que como una patata caliente se han estado remitiendo el Supremo y el Constitucional.En el caso de los tributos nucleares, Hogan rechaza los argumentos de Iberdrola, Endesa y la antigua Unesa –hoy Aeléc– y entiende que se ajustan a la Directiva 2009/72/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad al no atentar contra la competencia. En el caso del canon hidroeléctrico, el abogado rechaza los argumentos de Acciona, Endesa y Unesa, entre otras, y defiende la posición del Estado español –apoyado por Iberdrola y EDP–, entendiendo que tampoco contraviene la referida Directiva –ahora en revisión–, que no debe aplicarse el principio quien contamina paga en materia de aguas porque no tiene efecto directo, y que su eventual exención sería una prohibida Ayuda de Estado.En el improbable caso de que el TJUE rechace la postura de Hogan y se pronuncie en contra de la legalidad de los tributos, el Estado tendría que devolver lo recaudado a los operadores de las nucleares y de las hidroeléctricas desde su entrada en vigor, de un modo similar a lo ocurrido con el llamado céntimo sanitario hace cinco años; son más de 4.000 millones, que causarían un serio agujero en las cuentas del sistema eléctrico.