El ministro de Fomento se niega a entrar en el conflicto y reta al PP y a Ciudadanos a poner enmiendas a la leyEl ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no se ha movido ni un milímetro en su postura sobre el sector de las VTC. Lejos de abrir la puerta a intervenir en el conflicto o a elaborar alguna ley nacional, tal y como le ha exigido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, el político ha reiterado en sede parlamentaria que "la competencia es de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos", por lo que es su obligación regular la actividad de los vehículos de Uber y Cabify dentro de sus ciudades, ya que "son los que mejor conocen las necesidades de movilidad de sus ciudadanos". En este sentido, Ábalos ha recordado que Madrid ya se negó en su día a asumir las competencias de las licencias, por lo que no le "sorprende la situación actual" y su falta de motivación para regular. Una postura que, según el ministro de Fomento, no podrá mantener mucho tiempo, ya que si en el plazo de cuatro años no ha regulado a las VTC y no ha creado licenciadas regionales, Uber y Cabify no podrán seguir operando dentro de la capital. "No me extraña la situación que vive Madrid, porque sabíamos que no lo iba a asumir la competencia y en el Real Decreto Ley 13/2018 no se le obliga, pero tienen que regularlas en cuatro años, porque si no, las VTC dejarán de operar en Madrid", aseguró Ábalos durante su comparecencia en el Congreso. Y es que, el Gobierno ha dado un periodo de cuatro años a los actuales propietarios de las licencias de VTC nacionales a modo de indemnización antes de eliminar de sus competencias los tráficos urbanos y cambiar las condiciones de explotación de las mismas. "Las VTC nacionales necesitarán autorización de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos para desarrollar su actividad en sus territorios cuando nos retiremos", recordó Ábalos, que también aprovechó la ocasión para reiterar que los gobiernos locales y regionales ya tienen la capacidad de regular la actividad de las VTC en ámbitos como la precontratación, estacionamiento, fijación de horarios... Es decir, que tienen total libertad para taxificar a las VTC sin esperar a que pasen los cuatro años de moratoria, que se pueden elevar a seis años o más. En este punto, el ministro de Fomento ha recordado que el Real Decreto 13/2018 no supone una expropiación de las licencias de Uber y Cabify, si no "un cambio en las condiciones de explotación" que, según defiende, es totalmente legal. "Nadie es dueño de una licencia para siempre y no existe ninguna merma en la misma si se cambian las condiciones de explotación, porque si no asistiríamos a una inmovilidad", explica. En cuanto a la idea de hacer una ley nacional consensuada, Ábalos ha animado a los partidos políticos a presentar enmiendas al Real Decreto-Ley 13/1998, que todavía se está tramitando como proyecto de ley, para proponer cambios. En este punto y ante el bloqueo del conflicto del taxi en Madrid, una parte del gremio ha propuesto que se presente una enmienda para que la ley recoja la definición de la precontratación temporal. Por último, Ábalos ha recordado que las direcciones generales de Transporte de las CCAA y de Fomento se reúnen cada mes y que pueden usar esos encuentros para pactar una política común para los vehículos turismo con conductor.