La ministra Montero quiere introducir cambios y abre la puerta a las subastasLa ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que desde el 1 de enero el pacto suscrito entre el Gobierno y la patronal Farmaindustria se ha prorrogado a la espera de que se negocie un nuevo acuerdo que modifique varios puntos del convenio actual. Montero explicó que esta prórroga tiene el objetivo de avanzar en "una nueva propuesta que permita hacer un uso racional del medicamento" y ha añadido que esos cambios van "desde la propia selección del medicamento a su financiación". De hecho, propuso recurrir a medidas de competencia en precios que permitan "abaratar los costes" como las que están empleando regiones como Andalucía, a través de "la selección de medicamentos y su licitación pública", es decir, las populares subastas de fármacos del Servicio Andaluz de Salud. La subasta de fármacos fue el sistema de compra que la propia María Jesús Montero instauró en Andalucía y que el nuevo Ejecutivo regional de Partido Popular y Ciudadanos ha prometido eliminar por los continuos desabastecimientos que provoca. Otro de los cambios que prepara Hacienda puede ser la inclusión de los medicamentos genéricos en el acuerdo, ya que el pacto actual solo afecta a los laboratorios con fármacos de marca. Tres años de acuerdo El pacto actual -en vigor desde 2016 y que se renueva desde entonces cada mes de diciembre- acompasa el gasto público en medicamentos a la evolución del PIB. El acuerdo venció el día 31 de diciembre sin anuncio de renovación, por lo que los propios laboratorios farmacéuticos habían puesto en duda su vigencia. A finales de año, fuentes de la patronal farmacéutica aseguraron que el Gobierno y Farmaindustria estaban trabajando "para dar continuidad al Convenio de Colaboración suscrito entre ambas partes, incorporando los cambios que se consideren necesarios en un plazo de tres meses". Si el crecimiento del gasto público en fármacos innovadores estuviese por encima del techo fijado, los laboratorios farmacéuticos deben compensar a la Administración de una forma no monetaria que es fijada por la comisión de seguimiento. Si dicho crecimiento está por encima del PIB, las compensaciones serían monetarias. En el caso de que el gasto fuese inferior al techo de gasto fijado, sería la Administración la que compensaría a la industria innovadora. Desde su firma hace tres años, el gasto público en medicamentos no ha superado el crecimiento de la economía española.