La Generalitat de Cataluña tiene muchas dudas sobre la legalidad del decreto-ley que ultima para expulsar a Uber y Cabify del centro de Barcelona. El texto que el Govern se ha comprometido a enseñar hoy a los taxistas debe obligar a precontratar los servicios de las VTC con horas de antelación, una medida que no tiene claro que pueda aprobar. Así, la Dirección General de Transportes de Cataluña pidió ayer a Fomento que aclarara si puede o no limitar la precontratación. La cuestión se han dirimido en la reunión que cada mes se celebra entre las direcciones generales de transporte de las CCAA y Fomento. En concreto, la Generalitat le ha preguntado al departamento que dirige José Luis Ábalos si las condiciones de precontratación a las que se refiere el Real Decreto Ley 13/2018 "incluyen la posibilidad de fijar un periodo de tiempo entre la contratación prevista y la prestación efectiva del servicio". También quiere que se le aclare si se estaría "cumpliendo el requisito de proporcionalidad" si el Gobierno autonómico estableciera "un periodo de horas determinado". Fuentes cercanas al encuentro explican que la Generalitat está buscando el respaldo de Fomento para aprobar la ley y así evitar un recurso y las posibles responsabilidades económicas. Oficialmente, Fomento ha aclarado que la reunión no es el foro para autorizar ninguna normativa y ha recordado que la precontratación de los servicios VTC ya se recoge en la normativa vigente y que las autonomías están autorizadas para regularlas. En este sentido, la Comunidad de Madrid anunció una reforma exprés de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Busca evitar así la huelga de taxis que coincide con la celebración de Fitur.