La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) ha presentado una reclamación patrimonial administrativa contra el Ministerio de Sanidad en la que se solicitan indemnizaciones para sus socios afectados por la talidomida por un importe global de 390,54 millones de euros. La reclamación, según la asociación, es el paso previo exigido por la ley para demandar al Estado. Este medicamento, de la farmacéutica alemana Grünenthal, fue tomado en España por un buen número de embarazadas entre los años 1960 y 1965 y causó malformaciones en niños nacidos en aquellos años. El caso de la talidomida fue cerrado en la Justicia española en el año 2015 al considerar los jueces que había prescrito. Posteriormente, el Ministerio de Sanidad, con el Gobierno del PP, decidió reabrir en 2017 por la vía política y creó un comité de expertos para diagnosticar de nuevo a posibles afectados en España. Ayer, la ministra de Sanidad aseguró que en los próximos días se aprobará un decreto donde se recogerán las indemnizaciones a pagar.