La Audiencia Nacional ha validado la prórroga por 60 años, hasta 2073, que el anterior Gobierno otorgó a la fábrica de Ence en Pontevedra en enero de 2016, al desestimar un recurso presentado contra ella por el Ayuntamiento de la localidad gallega. La sentencia de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal, que ha sido recibida con alegría por la empresa -"nos da la razón y avala la solidez de nuestros argumentos jurídicos", ha indicado un portavoz a elEconomista-, allana el camino para la ejecución de unas inversiones que pueden llegar a los 140 millones de euros hasta 2023. La ampliación se produjo tras una reforma de la Ley de Costas de 1988 y alcanzó los 60 años -10 más de los habituales- al vincularse a parte de las citadas inversiones. Cerrar la polémica local La decisión de prorrogar la vigencia de la concesión generó una fuerte polémica -fue una de las primeras medidas de la segunda legislatura de Rajoy, adoptada cuando aún estaba en funciones-, que grupos ecologistas alimentaron localmente, y que terminó en los tribunales. De acuerdo con los cálculos de Ence, la prórroga de 60 años permitirá el mantenimiento de más de 800 empleos en el municipio y de otros 5.000 en la comunidad autónoma gallega que dependen del funcionamiento de la planta. Ence, en un comunicado, reafirma su compromiso para asegurar una calidad óptima del efluente y reducir el consumo de agua de la instalación, así como con la aplicación de las prácticas más avanzadas y las mejores tecnologías disponibles para garantizar el mejor comportamiento medioambiental, y la mayor eficiencia y fiabilidad en su proceso de producción. También señala que avanza en su integración paisajística y que contribuirá al embellecimiento y la minimización del impacto visual.