Interior analiza las llamadas interceptadas por el exinspector y tendrá un informe en "breve"El inicio de las investigaciones sobre los pagos de BBVA al excomisario de la Policía José Villarejo coincidió con una salida clave en el banco. Julio Corrochano, el responsable de Seguridad Corporativa del grupo financiero y persona que mantenía la relación directa con Villarejo y su entorno abandonó todos sus cargos en la entidad la pasada primavera, poco antes de que tanto la Audiencia Nacional, como BBVA, iniciaran las investigaciones para esclarecer las presuntas irregularidades que puedan desprenderse de los contratos que el banco mantuvo con el exinspector para, entre otros asuntos, presuntamente boicotear el asalto de la constructora Sacyr a la entidad. La Fiscalía Anticorrupción abrió en junio una pieza separada del caso Tándem que investiga las actividades del excomisario, para centrarse de lleno en los negocios que mantuvieron la entidad y Villarejo, éste último, en prisión preventiva desde noviembre de 2017. Tal y como adelantó este periódico, el ahora presidente honorífico de BBVA ordenó al exinspector controlar las llamadas telefónicas de altos cargos del Gobierno y relevantes empresarios para conocer los planes del Ejecutivo, entonces presidido por Rodríguez Zapatero, y de la constructora que encabezaba Luis del Rivero para que Sacyr comprara una participación significativa de BBVA que le asegurara presencia en el consejo de administración y, a partir de ahí, derrocar a González. Villarejo remitía los informes que realizaba sobre la investigación a Julio Corrochano, tal y como se desprende de la información que investiga la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso este diario. De hecho, los documentos, encabezados bajo el nombre de Trampa, alias con el que se bautizó al espionaje para boicotear a Sacyr, señalan directamente a Corrochano como la persona que daba las instrucciones a seguir. Por su parte, BBVA también inició una investigación interna el pasado mes de junio para analizar los contratos con el excomisario, según anunció el pasado jueves. El banco aseguró entonces que, de acreditar irregularidades, procedería a emprender las acciones judiciales pertinentes contra sus responsables. Corrochano, además de abandonar su puesto como responsable de Seguridad corporativa, también dejó su cargo como apoderado de la entidad esta primavera. El directivo se acogió a una prejubilación. Lazos con el excomisario Francisco González contrató a Corrochano en enero de 2002, coincidiendo con la marcha de Emilio Ybarra como copresidente del banco de BBVA. Antes de su desembarco en el banco había sido comisario general de la Policía Judicial, cargo en el que sólo estuvo nueve meses. El grueso de su carrera lo pasó como jefe superior de la Policía de Madrid, puesto que ocupó desde julio de 1998 hasta su fichaje por la entidad financiera. Cabe destacar que, en el breve periodo de tiempo que Corrochano estuvo al frente de la Policía Judicial coincidió con Villarejo. El exinspector detenido pidió una excedencia en la Policía a mediados de la década de los ochenta. Tras su regreso al Cuerpo a inicios de los noventa, fue destinado a la Consejería General de la Policía Judicial, donde estuvo 14 años, hasta 2009, según relata una información del periódico El País. Ambos comisarios están cercanos en edad, mientras el exjefe de seguridad del banco nació en julio de 1953, Villarejo es de agosto de 1951. Respuesta del Ejecutivo La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró ayer que el Ministerio de Interior, encargado de investigar las escuchas telefónicas que grabó Villarejo por encargo de BBVA entre finales de 2004 e inicios de 2005 está realizando un análisis de dichas conversaciones que se conocerá "en breve". Dentro de estas llamadas interceptadas, aparecen escuchas a miembros del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero como el entonces jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián, o la exvicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega. Isabel Celaá explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las conversaciones grabadas por Villarejo no se trataron en la reunión de ministros de ayer. Por su parte, varios de los altos cargos del Gobierno de Rodríguez Zapatero cuyas llamadas fueron interceptadas y también varios de los empresarios afectados por los pinchazos telefónicos planean una querella colectiva contra BBVA, el excomisario de Policía y su empresa, grupo Cenyt, según publicó ayer El País. Entre los espiados, también están el que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato (en la actualidad, en prisión por el uso de las tarjetas black en Caja Madrid y Bankia); el expresidente de BBVA, Emilio Ybarra; el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Arenillas; el expresidente de la constructora Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero; o el entonces accionistas de esta misma compañía, el empresario Juan Abelló, entre otros. Además, ayer se conoció que el excomisario de la Policía pedirá la semana próxima declarar de manera voluntaria ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye la investigación del caso Tándem, con el objetivo de contar "la verdad" de ciertas operaciones de espionaje y también, de la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Finalmente, Izquierda Unida registró ayer una petición en el Congreso de los Diputados para que la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, actualmente presidenta del Consejo de Estado, comparezca en la Cámara Baja para informar sobre su conversación en las escuchas que grabó el comisario Villarejo. Sacyr contó con el apoyo del Gobierno socialista para intentar tomar el control de BBVA. Así fue el plan de asalto Concretamente, esta operación se inició a finales de 2004, cuando la constructora anunció la intención de comprar el 3 por ciento de la entidad con el fin de entrar en el consejo de administración y tomar su gestión. La división en el órgano ejecutivo de Sacyr, la oposición del Banco de España (entonces gobernado por Jaime Caruana), la tibieza de la CNMV y los movimientos de Francisco González frenaron la intentona de Sacyr. Por ejemplo, el Banco de España exigió una participación superior al 5 por ciento para que la constructora pudiera acceder al consejo de administración del banco, un porcentaje difícil de conseguir por las tensiones en el seno de Sacyr. Entre las instrucciones que recibió José Villarejo, a través del responsable del Servicio de Seguridad del banco, Julio Corrochano, era conocer de primera mano los apoyos que iba a tener el presidente de la constructora, Luis del Rivero, a su operación de derribo. Además, el objetivo era ofrecer asesoramiento a aquellos accionistas y consejeros de esta compañía contrarios al asalto al banco, para que mantuvieran su posición frente a los intereses del empresario murciano. Con el mismo fin de abortar el plan de Del Rivero, el excomisario además creó la Asociación para la Protección de Inversores para aunar a los accionistas minoristas de la constructora que fueran contrarios a la toma de una participación accionarial de la entidad. Se trataba de aglutinar una representación del 5 por ciento de Sacyr que les diera voz y voto en la junta de accionistas y bloquear la operación. El comisario promovió el nacimiento de esta institución que puso directamente a disposición del banco junto con una hoja de ruta a seguir en el caso de que fuera necesaria su activación. Entre los objetivos de la misma, además de aunar la fuerza suficiente para oponerse a la junta y al consejo de administración de la constructora, también estaba contar con un peso relevante para poder denunciar la situación ante los distintos medios de comunicación.