La firma acepta apagar gradualmente las instalaciones y dejarlas en buen estadoAlcoa se reunió ayer con el Ministerio de Trabajo para negociar el tratamiento de los 700 trabajadores de sus fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña durante los próximos seis meses, período en el que las plantas podrían permanecer abiertas, a la espera de un posible comprador u otro tipo de solución. El encuentro de seis horas y media mantenido el martes en el Ministerio de Industria entre la empresa, el Gobierno y las comunidades autónomas de Asturias y Galicia se saldó con un documento que exige a la firma seis meses para buscar una alternativa al cierre de sus plantas. Alcoa y sus trabajadores iban a seguir ayer con las negociaciones del ERE, pero la multinacional norteamericana informó al comité de empresa de que el encuentro debía retrasarse porque iba a reunirse con Trabajo en Madrid. Fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron a elEconomista que no había una reunión oficial con Alcoa, pero que no descartaban una extraoficial, reconociendo que ya ha mediado en el problema anteriormente. Fuentes de Alcoa sí confirmaron la cita, pero sin admitir su vinculación directa con el cierre de sus instalaciones. La relación entre Trabajo y Alcoa se estableció en noviembre cuando la ministra Magdalena Valerio se ofreció a "estudiar en profundidad" el ERE, rechazando la nacionalización, porque "no estamos en un régimen comunista". Mantener líquido el metal Según Alcoa y los sindicatos, en esta prórroga de seis meses la compañía estaría dispuesta a mantener operativa una parte del proceso productivo del aluminio, paralizando progresivamente las cubas de electrolisis que mantienen el metal en estado líquido. Este proceso, que dura semanas, mantendría el grueso del empleo, pero si no se hace bien puede inutilizar las instalaciones, al solidificarse el aluminio. Los sindicatos alertan de que las fábricas pueden convertirse en meras recicladoras de chatarra. Sea como fuere, el acuerdo al que se llegue debe aprobarlo la mesa de negociación del ERE, que vence el 15 de enero, aunque se aplique posteriormente. La empresa quiere zanjar el asunto en ese momento, mientras que los sindicatos rechazan cualquier pérdida de empleo.