Ofrece a cambio que su tasa de retorno se mantenga en el 7,4% hasta el año 2032El Gobierno quiere poner fin a los arbitrajes internacionales contra España por los sucesivos recortes retributivos a las renovables. Para ello propone, confusamente, que las instalaciones afectadas mantengan la tasa de rentabilidad financiera actual, del 7,4 por ciento, hasta el año 2032, pero restándoles las in-demnizaciones que obtengan si ganan los litigios. El Consejo de Ministros del pasado 28 de diciembre inició los trámites de un anteproyecto de Ley para fijar las tasas de retribución de las actividades reguladas del sistema eléctrico, como el transporte o la distribución. El texto de la norma, publicado en la web del Ministerio para la Transición Ecológica, incluye una confusa medida, que aspira a poner fin a las demandas planteadas por inversores extranjeros sobre los recortes retroactivos a la retribución de las instalaciones renovables que efectuaron los gobiernos de Zapatero y de Rajoy. Por azares del derecho, los inversores nacionales y los afincados en la Unión Europea no pueden reclamar el recorte retributivo -en conjunto, superó los 2.000 millones anuales- ante los tribunales internacionales, pero España ya ha perdido parcialmente cinco de los siete arbitrajes fallados, hay otros 35 casos abiertos y, según fuentes implicadas en la defensa del Reino en las distintas cortes, otra veintena está en ciernes. Los laudos que condenan al país ya suman 396 millones de euros y la propia ministra Teresa Ribera ha cifrado en unos 10.000 millones el monto total de las reclamaciones. El Gobierno, además, quiere acabar con el perjuicio que cada laudo condenatorio provoca a la imagen de la marca España. Tasa financiera del 7,398% De acuerdo con la Ley 24/2013 del sector eléctrico, las fuentes renovables tienen derecho a una rentabilidad razonable basada en una tasa de retribución financiera equivalente al rendimiento de las Obligaciones del Estado a 10 años, más un diferencial adecuado, fijado en su desarrollo reglamentario en 200 puntos básicos, antes de impuestos. Esta tasa, que se revisa cada seis años, asciende al 7,398 por ciento hasta el 1 de enero de 2020, fecha en que debería reducirse hasta el entorno del 4,5 por ciento, como resultado de los bajos tipos de interés de los últimos años. Las empresas del sector llevaban un par de años buscando un vericueto legislativo que evitara la reducción, pero el anterior Gobierno del PP no estaba por la labor. En cambio, el actual Ejecutivo -previa consulta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- ha decidido establecer la tasa en el 7,09 por ciento durante toda la vida útil de las instalaciones, y así lo ha reflejado en el citado anteproyecto. Además, para la inmensa mayoría de las centrales, aquellas que recibían primas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013 -con el que arrancó la reforma del Gobierno del PP-, la propuesta normativa plantea la posibilidad de que mantengan el nivel de la tasa en el 7,4 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2031, pero detrayendo de sus ingresos "la cantidad correspondiente a indemnizaciones o compensaciones que deban ser abonadas a consecuencia de resolución firme dictada en cualquier instancia judicial o arbitral". La medida, redactada de forma confusa, no especifica si esa merma de ingresos se aplicaría a todas las instalaciones o sólo a aquellas que ganen los litigios, pero el Ministerio, preguntado por elEconomista, aclara que la repercusión de las indemnizaciones en la retribución se limita hasta los ingresos que se obtendrían si su tasa financiera estuviera situada en el 7,09 por ciento. Si la instalación renuncia a esta opción, deberá notificarlo al Ministerio antes del 1 de enero de 2020 y se le aplicará lo establecido en la Ley 24/2013, pero tampoco queda claro si se refiere al sistema actual, que deriva en la tasa del 4,5 por ciento revisable cada seis años, o en el nuevo, que conlleva la fijación de la tasa en el 7,09 por ciento durante toda la vida útil de la planta. El Ministeriono aclara estas dudas, recabadas por este periódico entre media docena de expertos. Alguno hasta interpreta que se dará un 0,3 por ciento más de rentabilidad a las centrales sin indemnización, que es menos de lo reclamado en los litigios, por lo que no los desalentará.