El Congreso da luz verde a la nueva normativa y llegará al Senado en febrero Los bancos tendrán que endurecer el análisis de la solvencia al cliente, según la nueva ley hipotecaria. La normativa exige "evaluar en profundidad la solvencia del potencial prestatario" para verificar su capacidad para afrontar las obligaciones derivadas del crédito. Entre los factores del cliente que deberán tener en cuentan las entidades antes de conceder un crédito destacan la situación de empleo, los ingresos actuales, los previsibles a lo largo de la vida del préstamo e incluso los que va a percibir en jubilación en el caso de que la hipoteca se extienda más allá de cuando el prestatario finalice su vida laboral. Las entidades también deberán corroborar los activos que tiene el consumidor en propiedad, el ahorro, los gastos fijos y otros compromisos ya asumidos. Para ello, la nueva ley obliga a las entidades a contar con un procedimiento interno para llevar a cabo la evaluación de solvencia y revisarlo periódicamente para mantener actualizados los registros. Además, los bancos deberán consultar antes de dar el préstamo, el historial crediticio del cliente en la Central de Información de Riesgos del Banco de España. La nueva norma también impone obligaciones para los empleados de las entidades. De un lado, obliga a los bancos a desligar los incentivos retributivos de sus empleados del número de créditos hipotecarios comercializados. Además, exige que el personal que evalúa la solvencia y comercializa los préstamos cumplan con unos requisitos de capacitación que aseguren que el cliente recibe una información adecuada y ajustada a sus necesidades. Cumplimiento de plazos El Pleno del Congreso aprobó ayer la nueva ley hipotecaria con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos, PDeCAT y PNV, mientras que Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís y EH-Bildu han mostrado su rechazo. La normativa pasará ahora al Senado con el objetivo de ser votada en febrero y entre en vigor en marzo. La nueva ley cumpliría así la agilización de ritmos comprometidos por el Ejecutivo. La entrada en vigor de la regulación lleva más de dos años y medio de retraso y España se enfrenta a una multa de 106.000 euros por día de demora. Los grandes hitos de esta regulación son que traspasa el 87 por ciento de los gastos hipotecarios a la banca, teniendo que asumir el cliente sólo la tasación de la vivienda, el IVA en caso de inmueble nuevo o el impuesto de Transmisiones Patrimoniales si es de segunda mano. Además, reduce de forma considerable las comisiones por amortización anticipada, conversión del interés del préstamo de variable a fijo, rebaja los intereses de demora y elimina costes para cambiar la hipoteca multidivisa a la moneda en el que el prestatario recibe los ingresos o nacional.