Elimina la 'cláusula suelo' y prohíbe la vinculación obligada de seguros al créditoLa nueva ley hipotecaria superó ayer su último escollo antes de ser refrendada por el pleno del Congreso y el Senado. La Comisión de Economía y Empresa (formada por todos los grupos parlamentarios) dio luz verde al texto completo de la normativa para que pudiera pasar a ser votada en las dos cámaras. Entre las novedades, destaca que la regulación también abarcará los contratos de préstamos para la adquisición de garajes y trasteros, siempre que cumplan una función doméstica. Estos créditos gozarán de las mismas garantías que marca la regulación para la vivienda. Los grupos parlamentarios han logrado por fin consenso para sacar adelante la regulación, que lleva dos años y nueve meses de retraso. La nueva ley es fruto de un transposición europea que España debería haber aplicado en marzo de 2016. La Comisión Europea demandó al Estado español en 2017 por la demora y le impuso una multa de 106.000 euros por día de retraso. La sanción supera ya los 100 millones de euros, aunque si el Gobierno aprueba la normativa antes de que se ejecute la multa se librará de afrontarla. La polémica que provocó el Tribunal Supremo en octubre al cambiar el sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en los contratos hipotecarios traspasándolo a la banca fue el empujón necesario para que la normativa cogiera ritmo. La inseguridad jurídica que creó el tribunal, a pesar de que dio marcha atrás en su decisión 21 días después, provocó que el Gobierno aprobara un Real Decreto para obligar a las entidades a asumir el tributo y evidenció la necesidad de una regulación que dejara las reglas del juego claras. El gran logro de la nueva ley hipotecaria es que traspasa a las entidades el 87 por ciento de los gastos de la constitución de un contrato para un préstamo inmobiliario. Los bancos pagarán el Registro de la Propiedad, la notaría, la gestoría, la tasación de la nota simple y el impuesto AJD. El consumidor abonará la tasación de la vivienda, el IVA, si el inmueble es nuevo o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, si es de segunda mano. La normativa obligará a las cajas y cooperativas de crédito, exentas de abonar el tributo AJD, a pagarlo si dan una hipoteca. Menos comisiones Por otro lado, la nueva ley también rebaja las comisiones por amortización del préstamo, intereses de demora y cambios de los contratos de tipo variable a fijo, además de exigir al menos un año de impago para ejecutar una vivienda. En el caso de la dación en pago, será voluntaria si las dos partes así lo acuerdan, pero no obliga a la banca a aplicarla. Finalmente, entre otros aspectos, elimina la cláusula suelo, y obliga a las entidades a no vincular seguros de vida u hogar al préstamo, dando la posibilidad al cliente de contratarlos con un tercero. La ley llegará el 20 de diciembre al Pleno del Congreso; en febrero, al Senado y se espera que quede aprobada el 3 de marzo. Entrará en vigor un mes después de su publicación en el BOE.