Además del caso de los sobresueldos, el expresidente de CatalunyaCaixa sigue investigado por la Audiencia Nacional, junto con otros cuatro exdirectivos de la entidad, por "notables irregularidades" en varias operaciones inmobiliarias cometidas entre los años 2000 y 2007. Por el contrario, la justicia decidió en junio exonerar en este proceso al que fue director de CatalunyaCaixa, Adolf Todó, y a otros nueve exdirectivos de la entidad financiera catalana. Según la Audiencia Nacional, Serra y el resto de investigados fueron los responsables de "una intensa y creciente actividad inversora inmobiliaria que, a su vez, exigía y comprometía importantes volúmenes de facilidades crediticias, necesarias e imprescindibles para el desarrollo de los proyectos a acometer". El juzgado considera que, en la mayoría de casos, se llevaron a cabo las inversiones sin hacer informes externos independientes previos y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos como la solvencia de los asociados. Terrenos no urbanizables Algunas de las irregularidades detectadas por la justicia en las inversiones inmobiliarias incluyen la ausencia de garantías para recuperar el precio satisfecho en la adquisición de los terrenos (en el supuesto de no conseguir la calificación urbanística idónea), los conflictos de intereses, el pago de elevadas sumas por los terrenos según lo fijara el socio (y sin tasaciones independientes), o la adquisición de terrenos que podían estar afectados por normas comunitarias y autonómicas, entre otros aspectos. Las inversiones habrían provocado un agujero en la entidad de más de 720 millones de euros.