La suspensión de los impuestos durará seis meses y supone un efecto de 982 millonesMantiene el presupuesto del bono social en 250 millones, pese a aumentar los beneficiariosEl Ministerio de Transición Ecológica podrá utilizar los 900 millones de superávit eléctrico para hacer frente al coste de las medidas sociales que acaba de aprobar para rebajar la factura eléctrica de los próximos seis meses, los de mayor consumo. El Gobierno ha decidido introducir en el Real Decreto Ley que aprobó ayer la posibilidad de que este dinero se aplique a los desajustes de ingresos y gastos de ambos ejercicios, lo que le facilitará congelar los peajes -equivalentes a la mitad del recibo- para 2019. El acceso a este dinero permite afrontar la caída de ingresos para el sistema que supondrá la suspensión de impuestos que ha planteado el departamento que dirige Teresa Ribera. Por un lado, se dejará de aplicar el impuesto del 7 por ciento a la generación, lo que supondrá del orden de 830 millones (a razón de unos 415 millones cada trimestre) y del céntimo verde, que suma otros 152 millones (26 millones en 2018 y 126 millones en 2019). Las dos medidas fiscales reducirán la factura en unos 6,2 euros para un hogar con un consumo de 2.600 KWh (para este año la subida prevista es de 23,4 euros) y de 8,5 euros para el hogar que alcanza los 3.600 kWh de consumo (con una subida de 32,4 euros en todo 2018). Ingresos por el CO2 Ribera cuenta también con elevar el límite máximo de los ingresos por la subasta de derechos de emisión que irá a la cuenta del sector eléctrico y que hasta ahora ascendía a 450 millones, para llevarlo hasta 750 millones de euros, es decir, 300 millones más este mismo ejercicio y previsiblemente otros 300 millones el próximo año. El Ejecutivo cuenta a su favor con mayores ingresos por el aumento del consumo de electricidad así como por la subida de precios de los derechos de emisión de CO2, pero también se ha comprometido a destinar parte de este dinero a las comarcas mineras que tendrán que afrontar procesos de cierre de centrales en un plan bianual en el que se espera que se puedan recibir recursos adicionales de los Presupuestos y a los que prevé destinar 1.300 millones. El Gobierno ha adoptado un serie de medidas de urgencia para afrontar este invierno. Transición Ecológica presentará en seis meses la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que tendrá en cuenta criterios de renta para todos los colectivos, incluyendo las familias numerosas. En su elaboración se contará con las comunidades autónomas y ayuntamientos, consumidores, representantes del tercer sector y las energéticas. Mientras llega esta Estrategia, el Real Decreto-Ley recoge nuevas medidas sociales como la prohibición de cortar el suministro a los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años. Esta medida se hace extensiva también a los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33 por ciento o superior. De igual modo, se aplicará cuando resida en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en Grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación. Con el objeto de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se determinan criterios de renta específicos para estos colectivos, especialmente en el caso de las mujeres. El 85 por ciento de los hogares monoparentales tiene al frente a una madre. El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales. Los límites de consumo de energía con derecho a descuento se amplían también un 15 por ciento para compensar los incrementos de precios y acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, el cómputo de consumo anual con descuento que se liquidaba cada mes, se flexibiliza. Ahora la energía no consumida un mes, puede utilizarse en otro momento. La previsión del Gobierno es que el coste de esta medida siga siendo de 250 millones y espera que haya 1,5 millones de personas con derecho a disfrutar de este descuento de entre el 20 y el 40 por ciento en el precio de la energía al final del año, justo cuando acaba el nuevo plazo para solicitarlo. De esta manera, quien solicite la renovación del bono después del 8 de octubre y cumpla los requisitos no verá interrumpido el acceso al descuento. Bono social térmico La nueva normativa pone en marcha también con un presupuesto de 100 millones de euros el nuevo bono social térmico. Esta medida supondrá la entrega de entre un mínimo de 25 euros (para el consumidor vulnerable en zona cálida) y un máximo de 130 euros (para el consumidor vulnerable severo en zona muy fría) para que puedan hacer frente a los gastos de calefacción. Las eléctricas que impongan injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes podrían ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros, en el caso de infracciones muy graves.