Era una barrera mayor para el desarrollo de la movilidad limpiaTeresa Ribera también ha anunciado la supresión de la figura del gestor de cargas del vehículo eléctrico. De acuerdo con la normativa, eran los únicos autorizados para suministrar electricidad a estos vehículos, lo que suponía una barrera para el desarrollo del mercado. Hasta ahora, un hotel, un restaurante o una gasolinera no podía suministrar energía a un vehículo eléctrico si no se daba de alta como gestor de cargas. Ello implicaba cambiar el objeto social de la empresa e instalar una acometida eléctrica específica, independiente de la existente, para los puntos de recarga; sólo los costes de la obra civil de esta nueva acometida hasta el transformador correspondiente hacían que fuera muy difícil amortizar una actividad que soporta unos costes fijos muy altos, puesto que la potencia eléctrica que se debe contratar exige unos 4.000 euros anuales. Medida ya en tramitación La barrera era tan clara que el anterior Gobierno ya lanzó una propuesta normativa para simplificar la figura del gestor de cargas, aunque no llegaba hasta el punto de eliminarla. La supresión, según el Ejecutivo, "no supondrá en ningún caso una merma de la seguridad de las instalaciones". Ribera también ha anunciado que se habilitará un registro para hacer un seguimiento de los puntos de recarga que se integrará en una gran base de datos de ámbito europeo a la que se podrá acceder por medios electrónicos para conocer su ubicación y sus características. Al cierre de 2017 había unos 1.750 puntos de recarga, de los que apenas 100 eran de recarga rápida -básicos para las grandes distancias-, aunque se espera que esta infraestructura crezca rápidamente. Los Planes Movalt y Vea cuentan con 66,7 millones en subvenciones, con los que se podría llegar a los 600 puntos de recarga rápida, y las empresas también apuestan fuerte: en dos años Iberdrola desplegará 200 puntos y Nissan otros 100.