Diez días después de firmar el pacto y dejar el grupo constituyó una empresa Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés, ha constituido una sociedad para competir con su antigua empresa, pese a que hay una cláusula que lo prohíbe en el pacto que él mismo firmó para su salida de la compañía de forma explícita. La sociedad se denomina Dnext Retail e inició sus operaciones el pasado 7 de septiembre, tan solo diez después después de la firma del acuerdo por el que cobró un finiquito de 10 millones de euros brutos, 8,5 millones netos. Con un capital de 100.000 euros, Gimeno figura como único accionista y administrador, en lo que parece un claro desafío a su antigua empresa. El objeto social de la firma, según apareció ayer publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), es "la realización de las actividades propias del comercio, abarcando la comercialización, al por mayor o al por menor, de toda clase de productos en su más amplia variedad: mobiliario, artículos de regalo y decoración, objetos, confección, alimentación, droguería, perfumería, joyería y educación". Es decir, todos los sectores en los que compite El Corte Inglés. El problema de fondo es que el finiquito que cobró, de dos años de sueldo, incluía además una cantidad por un pacto de no competencia durante un periodo de dos años, tanto en España como en Portugal. En la práctica, eso significa que el expresidente de El Corte Inglés no podrá operar con la sociedad constituida en Madrid en toda la Península Ibérica, porque en el caso de hacerlo se estaría saltando el contrato firmado. O eso o dejar la firma sin actividad hasta el verano de 2020. El directivo, que fue destituido como presidente el pasado 14 de junio, se había negado en un principio a aceptar el finiquito de 10 millones de euros brutos -8,5 millones netos- para dejar el consejo de administración de la compañía. Sin embargo, acabó cediendo apenas unas horas antes de que se celebrara la junta de accionistas, que iba a aprobar su destitución. El problema de fondo radica en que el acuerdo se limitaba exclusivamente a su problema laboral en El Corte Inglés. Es decir, cobró el finiquito y retiró, a cambio, la impugnación contra el consejo de administración que acordó en junio su cese como presidente, pero mantuvo el resto de causas judiciales abiertas. En concreto, sigue adelante tanto con la querella presentada contra el consejo por presuntas irregularidades en el área de seguridad como con las demandas interpuestas contra las hermanas Marta y Cristina Álvarez por su madre y su tío. María Antonia y César Álvarez acusan a las hijas de su hermano Isidoro del reparto supuestamente ilegal de 140 millones de euros en Cartera de Valores Iasa, la sociedad patrimonial que heredaron del entonces presidente, fallecido en 2014.