El Gobierno cuenta ya con el respaldo de las comunidades autónomas para modificar la Ley de Propiedad Horizontal Las comunidades de vecinos pondrán blindar los edificios para evitar la implantación de pisos turísticos. Así lo adelantó la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, que asegura que se va a modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades puedan vetar las viviendas turísticas con el apoyo de tres quintas partes de los vecinos. Hasta ahora era necesaria la unanimidad, por lo que si un propietario quería destinar su vivienda a ese uso el resto no tenía capacidad de reacción, una situación que cambiará si se aprueba esta medida, que según Oliver cuenta ya con el respaldo de las autonomías, por lo que esperan llevarla al Congreso lo antes posible. La secretaria de Estado de Turismo quiso destacar que a pesar de su implicación en este tema, "el Gobierno no va a entrar en ninguna competencia de ninguna comunidad autónoma. Tenemos muy claro cuales son las competencias estatales y las de las comunidades autónomas, que tienen en exclusividad la materia de ordenación turística". Si bien, enfatizó que el Gobierno si tienen en sus manos la modificación de leyes estatales por lo que también ha propuesto la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para establecer una definición única del alquiler de temporada, el que se usa para los pisos turísticos. Así, quiere que se defina como el que "se realiza por períodos mínimos de siete días consecutivos, pero que en su totalidad no suponga el arrendamiento de la vivienda durante más de 45 días al año". Estas son solo dos de las propuestas que hizo el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a las 17 comunidades autónomas durante la primera reunión del grupo de trabajo que se ha creado para afrontar la problemática de la vivienda turística a nivel nacional, a la que también ha asistido la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). Por otro lado, el Estado estudia la creación de un registro estatal único de viviendas de uso turístico como instrumento de control y regulación que les servirá a las comunidades autónomas para verificar que se cumple su normativa. Este registro se formaría con la idea de dar seguridad jurídica tanto a la persona que alquila como a la que quiere alquilar. Estaría conectado con Interior para, en tiempo real, saber las personas que están en cada una de las viviendas, conectado con Hacienda para que se cumplan las obligaciones tributarias. "Tendríamos un mapa de viviendas de uso turístico que ahora mismo no tenemos", explicó Oliver. Las autonomías tienen un plazo de siete días, hasta el 2 de octubre, para hacer llegar a la Secretaría de Estado de Turismo sus observaciones a las propuestas planteadas por el Gobierno.