Las asociaciones de taxistas se reunieron ayer con el grupo parlamentario socialista para conocer las líneas generales del real decreto-ley con que el Gobierno espera poner fin al conflicto con los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Algunos portavoces salieron del encuentro con dudas sobre el futuro de la reforma, que podría ver la luz el 28 de septiembre, y con una carpeta llena de reclamaciones. En concreto, Fedetaxi exige al Ejecutivo que, más allá de habilitar a las CCAA a regular las VTC, apruebe una serie de medidas que permitan potenciar la competitividad del taxi y ponga coto desde el Estado a la actividad de Uber y Cabify. El plan de mínimos recoge que el Gobierno imponga una regulación fiscal y laboral a las VTC. A su vez, exige que se cambie la ley para que se permita el taxi compartido, la fijación de tarifas máximas, precios prefijados, la puesta en marcha de la web de control y que se habilite una norma nacional por la cual se pueda retirar una licencia de VTC por reiteración de sanciones.