La sociedad turca afronta entre divisiones la mayor crisis de los últimos años de su historia reciente. El pasado 18 de julio se dio por finalizado el estado de emergencia instalado tras el alzamiento contra el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que tuvo lugar en la noche del 15 al 16 de julio de 2016, un acontecimiento que dividió a la sociedad por las posteriores represalias contra miembros opositores. Miles de personas fueron detenidas, incluidos funcionarios de todos los ámbitos, por su presunta vinculación con el influyente clérigo Fetulá Gulen, al que Erdogan considera el cerebro de la sublevación armada. Pero esta situación, lejos de apaciguarse, se vio agravada tras las elecciones del pasado mes de junio, cuando Erdogan resultó vencedor con un 53 por ciento de los votos, solo dos meses después de ponerse en contra a toda la oposición del país a cuenta de la reforma de la Constitución -que fue aprobada con un exiguo margen del 2 por ciento a favor del sí- que instauraba el sistema presidencialista, otorgando amplios poderes a Erdogan. Una 'caza de brujas' La oposición ha acusado reiteradamente al Gobierno de promover una caza de brujas, aprovechando el trauma posterior al golpe, para deshacerse de todo opositor molesto. Asimismo, Erdogan y su Partido Justicia y Desarrollo (AKP) han sido acusados de usar las prerrogativas del estado de emergencia para puentear la Cámara y algunas leyes, en nombre de la "lucha contra el terrorismo". Desde que el Gobierno impuso el estado de emergencia se ha renovado periódicamente cada tres meses y ha permitido al Ejecutivo gobernar por decreto, purgar la Administración y las fuerzas de seguridad, prohibir manifestaciones de protesta y huelgas y detener a unas 60.000 personas. Según el periódico turco Hürriyet, la "ley antiterrorista" de Erdogan permitirá mantener casi intactas las medidas más duras vigentes durante el estado de emergencia, especialmente las referidas a los períodos de detención, las concentraciones y las limitaciones de movimiento.