El Gobierno autoriza 86 eólicas que exigen unos 2.000 millones de inversiónEl Ministerio para la Transición Ecológica informó ayer de que ha autorizado 86 plantas renovables -casi todas eólicas- adjudicadas en la subasta de abril de 2017, en la que triunfaron Forestalia, Naturgy y Endesa. Las centrales suman una potencia de 2.526 MW y su construcción exige la inversión de unos 2.000 millones de euros hasta 2020. Aragón es el territorio más beneficiado: acapara el 60 por ciento de un reparto que supone el fin a una parálisis iniciada hace cinco años. Un total de 22 empresas se repartieron los 3.000 MW adjudicados en la citada subasta -la primera de las dos celebradas el año pasado-, logrando un régimen retributivo específico durante 25 años que, grosso modo, se traduce en un mínimo de 35 euros por MWh y que no tendrá coste para los consumidores. Forestalia, con 1.200 MW, logró el mayor volumen de potencia, seguida por Naturgy -entonces aún Gas Natural Fenosa-, con 667 MW, y por Endesa, que por medio de su filial Enel Green Power España obtuvo 540 MW. Prácticamente toda la potencia adjudicada se destinó a la tecnología eólica, con 2.979 MW. Para participar en la subasta se exigió el depósito de un aval de 60.000 euros por MW -180 millones en el conjunto de la puja-, que se devuelve progresivamente, según las empresas ganadoras van cumpliendo hitos en la tramitación de sus proyectos. El primero de esos hitos venció en febrero: los promotores tenían que asignar la potencia otorgada en el concurso a proyectos concretos, con un margen adicional del 50 por ciento, para que tuvieran más opciones a la hora de obtener los permisos de las administraciones autonómicas. Entonces se identificaron 165 proyectos susceptibles de recibir el régimen retributivo de la subasta y el Gobierno devolvió a las empresas 12.000 euros por MW, esto es, 36 millones en conjunto. Atasco administrativo El pasado día 6 se cumplía el segundo hito de este proceso de correlación de la potencia otorgada a proyectos concretos y los 165 proyectos identificados en febrero se han reducido a prácticamente la mitad: los 86 que han recibido la autorización administrativa. Además, no cubren la totalidad del cupo de la subasta, porque suman 2.526 MW de los 3.000 MW otorgados, lo que revela un importante atasco administrativo. El Ministerio informa de que hay 27 proyectos, que suman 736,8 MW, aún en proceso de análisis, es decir, que no han conseguido todos los permisos de las comunidades autónomas para recibir la autorización administrativa estatal. Este segundo hito estaba ligado a una devolución parcial del aval de 18.000 euros por MW, de modo que las empresas que han obtenido la autorización administrativa recuperan 45,4 millones. La devolución de los restantes 30.000 euros por MW del aval tendrá lugar cuando las plantas estén terminadas e inyectando electricidad en las redes. Los proyectos que ahora no han conseguido la autorización -y la devolución parcial del aval- pueden obtener la autorización más adelante, y si consiguen estar terminados antes de la fecha límite, el 31 de diciembre de 2019, recuperaran el aval íntegramente. La Cartera dirigida por Teresa Ribera no divulga los proyectos identificados ni sus titulares; únicamente facilita un reparto de la potencia por comunidades autónomas. Aragón, donde más invertirá Forestalia, se lleva la palma, con 1.534 MW, seguida de Castilla y León, con 473 MW, y de Galicia, con 158 MW. En la relación territorial facilitada en febrero, se informaba de que optaban cuatro proyectos en Murcia, que han desaparecido. Aún queda pendiente conocer la adjudicación de la segunda subasta de 2017, con 5.036 MW, que se divulgará en octubre.