La JUR descarta compensar a los accionistas y bonistas que se quedaron sin su dinero por la resoluciónNuevo golpe para los accionistas y bonistas del Banco Popular. La Junta Única de Resolución (JUR) europea descartó ayer compensar a los afectados por resolver la entidad el 7 de junio de 2017 bajo el argumento de que un procedimiento de insolvencia ordinario, es decir, la liquidación del Popular, hubiera supuesto pérdidas de hasta 34.100 millones de euros, el triple de las que hubo con la resolución. Los 300.005 accionistas y bonistas afectados por la intervención del banco perdieron 11.400 millones de euros con el sistema de absorción de pérdidas que marca la regulación europea. No obstante, el tercer informe de Deloitte publicado ayer por la JUR, señala que si el banco hubiera ido a una liquidación, las pérdidas habrían sido mayores. Este tercer documento de la firma consultora trata de dirimir qué escenario hubiera sido más beneficioso para los afectados por el Popular: la resolución o la liquidación. En caso de que el informe hubiese reflejado que los inversores habrían salido más favorecidos con el procedimiento de insolvencia ordinario, la JUR habría tenido que compensarles la diferencia. Deloitte marca tres escenarios de liquidación del Popular para determinar cuáles habrían sido las pérdidas, en función de una liquidación rápida y menos favorable (18 meses), una media (tres años), y una a largo plazo y por tanto más optimista (siete años). El informe señala que si el proceso de reestructuración hubiera durado 18 meses, las pérdidas por el Popular alcanzarían los 28.200 millones en el escenario más positivo y los 34.100, en el más negativo. En el caso de que la liquidación se realizara en tres años, las pérdidas serían de 26.000 millones en un escenario optimista y de 31.600 millones, en el pesimista. Finalmente, una liquidación a siete años habría costado entre 23.400 y 28.700 millones. Valor recuperable Del mismo modo, en estos tres hipotéticos tiempos de liquidación, la transformación de los activos del banco en dinero (práctica conocida como realización de activos para superar las faltas de liquidez) hubiera supuesto recortes de entre el 75 y 82 por ciento dependiendo de lo que se extienda el proceso. El documento señala que el Popular tenía el día antes de su resolución activos por valor de 126.444 millones de euros repartidos entre las carteras de renta variable y fija, préstamos, firmas participadas, inmuebles o activos fiscales diferidos. En el caso de que la liquidación se hubiera realizado en 18 meses, solo se hubiera podido recuperar entre 95.000 y 99.300 millones. En un proceso de tres años, el valor recuperable habría sido de 97.500 y 101.000 millones, y a siete años, entre 100.500 y 104.100 millones. La firma consultora refleja en su informe que la apertura de un procedimiento de insolvencia ordinario para el Popular el 7 de junio de 2017 (fecha de su resolución y posterior venta al Santander) habría resultado en una liquidación no planificada que "destruye el valor per se (por sí mismo)". Entre los motivos que achaca para esta pérdida del valor, señala el cese abrupto de la actividad del negocio, la pérdida de la clientela, un proceso ineficiente de realización de activos, a lo que habría que sumar los costes de la liquidación y de afrontar las distintas reclamaciones. Así, Deloitte concluye que "en un procedimiento de insolvencia ordinario no se habría esperado recuperaciones para los accionistas y los acreedores subordinados afectados y, por tanto, no hay diferencia de trato en comparación con la medida de resolución emprendida". Por otro lado, el informe también realiza una valoración del impacto que hubiera supuesto la liquidación del Popular en el resto de las firmas del grupo, que estaba formado por 123 entidades. De un lado, señala que las firmas participadas podrían no verse afectadas, por tanto, continuar funcionando con normalidad y ser vendidas como empresas en funcionamiento. Por otro, en el caso de que se vieran afectadas, podrían acarrear problemas de liquidez y deterioro de los activos, viéndose también abocadas a un procedimiento concursal. "Esto podría crear un efecto contagio dentro del grupo, forzando a la insolvencia de otras empresas participadas", destaca el informe. Periodo de audiencia La JUR abrió ayer un periodo de audiencia, que durará hasta el 14 de septiembre, para escuchar a los afectados del Popular antes de tomar su decisión definitiva sobre la compensación de pérdidas. Los accionistas e inversores que deseen ejercer su derecho de audiencia deben registrarse en la plataforma digital del organismo para demostrar que fueron afectados por la resolución. Una vez demostrado éste último extremo, la JUR abrirá una segunda fase en la que podrán expresar por escrito sus comentarios sobre la decisión preliminar de la JUR de no compensarles por la resolución y sus argumentos al respecto. La institución encabezada por König aseguró ayer que leería todos los alegatos y tomaría una decisión final al respecto.