La magistrada ve "injustificadas" las inversiones inmobiliarias en MéxicoEl expresidente de Bancaja y Banco de Valencia entre 2004 y 2010, José Luis Olivas, se sentará en el banquillo de los acusados junto a 47 personas más por el "desfalco injustificado" y el "quebranto" de 750 millones de euros para las entidades que encabezaba por las inversiones realizadas en proyectos inmobiliarios en México. La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dictó ayer la apertura de juicio oral contra los miembros de los consejos de administración de ambas entidades entre 2004 y 2009, los exdirectivos, y los promotores hoteleros del Grupo Gran Coral, empresa en la que también participaban Bancaja y Banco de Valencia a través de una red societaria en Holanda. La juez acusa a los 48 implicados de los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y blanqueo de capitales. El funcionamiento, según el auto judicial, consistía en que Bancaja y Banco de Valencia financiaban proyectos hoteleros en México (participaron en cinco operaciones) de forma "injustificada" y "en detrimento" para los bancos, pero "favoreciendo económicamente" a sus tres socios hoteleros: Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldo y Juan Poch Vives. Según la instrucción, los tres promotores llegaron a obtener unas plusvalías por encima de los 120 millones de euros. Postura "consentidora" Según la magistrada, "a tan ilícitos fines colaboraron los ejecutivos de distinto nivel de la entidad y la postura consentidora del presidente Olivas". El auto señala que José Luis Olivas conocía y alentó las inversiones millonarias que se estaban realizando en el Grupo Gran Coral que lastraban a las entidades pero que suponían un continuo favorecimiento a los hoteleros. "De tal manera que éstos, en agradecimiento por el trato de favor que recibían de Olivas, pagaron a éste hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio", señala el documento judicial. La instrucción pone un especial énfasis en el papel del ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, y el ex consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra. Ambos, presuntamente, lideraban la operativa de la concesión de los préstamos por parte de las entidades que encabezaban a las empresas participadas que formaban parte del grupo promotor Gran Coral, encargado de realizar las inversiones en México. La magistrada señala la importancia de su rol en la operativa, ya que estaban guiados por "espurios intereses económicos" que compartían con los promotores hoteleros, Ferri, Baldó y Poch. Según apunta la investigación, Aurelio Izquierdo y Domingo Parra controlaban varias cuentas en Andorra, suyas y de terceros. Entre ellas, estaba la cuenta de la empresa Summerville que recibió la "injustificable plusvalía" de 13,7 millones de euros por dos de los proyectos realizados en el país azteca. Izquierdo y Parra, presuntamente, pudieron repartirse este dinero con los hoteleros Ferri, Baldo y Poch. La magistrada Lamela ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes acusadoras para que en un plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando el escrito de acusación o sobreseimiento de la causa.