La trama se repartió clientes, pactó precios y encareció la contratación públicaUn total de once empresas tecnológicas digirieron ayer con sorpresa y disgusto la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por un importe total de 29,9 millones de euros, por la creación de un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública. Según el organismo supervisor, la trama empresarial se repartió los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales, e intercambió información comercial sensible para encarecer la contratación pública. La lista de empresas afectadas con sus respectivas sanciones y porcentaje de la misma sobre el total de la facturación es la siguiente: Indra Sistemas ( 13,5 millones de euros, el 0,73 por ciento); SAG, Software AG, España (6 millones, el 8 por ciento); Atos Spain (5 millones, el 1,7 por ciento); Connectis ICT Services (1,8 millones, el 4,3 por ciento), IBM (940.000 euros, el 0,59 por ciento), Everis Spain (800.000 euros, el 0,06 por ciento); Babel Sistemas (633.917 euros, el 2,5 por ciento); Cibernos Consulting (616.038 euros, el 2,4 por ciento); Gesein (320.969 euros, 3,5 por ciento); Accenture (300.000 euros, el 0,03 por ciento); y Next Computer: (46.760 euros, el 2,3 por ciento). Según la resolución, la CNMC considera acreditada una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE, constitutiva de cártel". Para la CNMC, la mayoría de los contratos de servicios informáticos "conllevan la integración física de personal de las empresas incoadas o de sus subcontratas en las plantillas de los clientes como personal de apoyo. Entre los organismos afectados se encuentran la Agencia Tributaria y el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otras. No obstante, la propia resolución de la CNMC reconoce que existió una conducta instigadora por parte de las Administraciones Públicas para que empresas de servicios informáticos y aplicaciones se repartieran el mercado por vía de acuerdos para licitaciones. Por su parte, fuentes de Indra indicaron a este periódico que la decisión de la CNMC "no se ajusta a Derecho, por exceso en la calificación de los hechos y desproporción en la sanción, motivo por el que prevé recurrir judicialmente, ante la Audiencia Nacional".