Antonio del Valle se ha convertido en una paradoja viva dentro del caso Popular. El inversor mexicano juega un papel de víctima y verdugo al mismo tiempo. De un lado, además del proceso que hay abierto en México, está imputado en la Audiencia Nacional como responsable de la gestión del banco que le llevó a su caída. Por otro, mantiene varias batallas judiciales abiertas contra la Junta Única de Resolución (JUR) europea, el Frob y el Santander para recuperar su inversión perdida. El empresario, que encabeza a un grupo de inversores mexicanos que controlaban el 4,25 por ciento del banco (470 millones de euros), presentó el pasado mes de marzo un arbitraje internacional contra España para recuperar su dinero. Del Valle pide así recuperar la inversión que perdió por las actuaciones "arbitrarias" del Frob y criticó que España no valorase una venta del banco a un tercero, minando así el daño de los accionistas, ni otras opciones para obtener capital. Desde el bufete de abogados Kirkland & Ellis, representantes de Antonio del Valle, aseguran que España ha violado sus obligaciones de proporcionar un trato justo y equitativo y un entorno legal y regulatorio. Por contra, el bufete acusa al país de expropiar las inversiones de sus representados con decisiones arbitrarias y que carecen de transparencia. Además, el inversor mexicano también inició en EEUU un proceso judicial de petición de información al Santander sobre el Popular y cualquier documento relacionado con la resolución al que se añadieron otros afectados como los grandes fondos bonistas del Popular. Por otro lado, también acudió el pasado verano al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el objetivo de anular la resolución del banco. Finalmente, el empresario también recurrió ante la Audiencia Nacional, por la vía contencioso-administrativa, el papel del Frob, encargado de ejecutar la resolución de la entidad por orden de la JUR. De momento, este último proceso está parado hasta que el TJUE se pronuncie sobre los recursos que piden anular la decisión de la JUR de resolver el que era el sexto banco del país.