Aprueba la rescisión de seis de las nueve autopistas quebradasEl Gobierno ha dado inicio al periodo de seis meses con que cuenta por ley para calcular y pagar la factura que supone para el Estado el rescate de las nueve autopistas quebradas, una vez que el Consejo de Ministros rescindió ayer los contratos de concesión de las vías. El anterior Ejecutivo estimó esta factura en unos 1.800 millones de euros, tal como incluyó en el plan de estabilidad remitido a Bruselas el pasado mes de mayo. No obstante, las concesionarias de las autopistas y los fondos oportunistas que se quedaron con su deuda la elevan a entre 4.000 y 5.000 millones de euros. Por ello, el anterior equipo de Fomento ya había asumido que la fijación de este importe acabaría siendo decidido por un juez tras un largo proceso judicial. El importe en liza es la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), lo que, en virtud de los contratos de concesión, el Estado debe abonar a las hasta ahora concesionarias de las vías para compensar la inversión que realizaron en su construcción y que aún no habían amortizado. Según lo establecido por ley, una vez que se rescinde el contrato de concesión, la Administración cuenta con un plazo de seis meses para calcular y abonar este importe. Así, en este caso, toda vez que el contrato se anuló ayer, el plazo se extiende hasta el 13 de enero de 2019. Por el momento, el Gobierno ha rescindido el contrato y, por lo tanto, se empieza afrontar el pago de la RPA, de seis de las nueve vías quebradas. Se trata de las cuatro radiales de Madrid (dos de ellas en un mismo contrato), de la M-12 Eje Aeropuerto, que une la capital con el aeropuerto, de la AP-36 Ocaña-La Roda, y del tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera, según informó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ábalos remarcó que esta resolución es obligada por Ley ante casos de quiebra de infraestructuras públicas concesionadas.