La ministra anuncia que retrasará la Ley de Transición Ecológica a diciembreLa ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostró ayer muy clara durante su comparecencia en el Congreso y dio los puntos claves en torno a los que girará su estrategia en esta legislatura. En este sentido, Ribera fue tajante con su opinión sobre el diésel explicando que "tiene los días contados". "Durará más o menos, pero sabemos que su impacto en partículas y en lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida", añadió. Al ser preguntada sobre el polémico impuesto a este tipo de carburante, la ministra remitió a su homólogo en Hacienda, María Jesús Montero. "El Gobierno debe plantearse qué señales fiscales y regulatorias puede aprobar para acompañar a los gobiernos municipales en ese proceso de cambio", argumentó. En cualquier caso, Ribera hizo hincapié en que "no se puede culpabilizar a quien compra" y que, en todo caso, a la hora de adquirir un vehículo diésel el consumidor debe saber "que el coste de compra de un coche nuevo de una categoría u otra no está reflejando el coste real del impacto que tiene ese coche". Batería de medidas Durante su primera comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica, Ribera explicó que su intención con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pasa por dar a conocer un borrador a principios del otoño para poder iniciar su tramitación parlamentaria "antes de final de año", porque España es "una excepción" entre las potencias europeas ya que no goza de una ley que marque el camino hacia la descarbonización. Sobre las nucleares, la ministra mostró su convicción de llevar al apagón nuclear a 2028, cuando la central nuclear de Trillo (Guadalajara) eche el cierre. Si bien, la titular de la cartera de Transición Ecológica añadió que es preciso abordar las "obligaciones" relacionadas con ese final y que se deberán acometer igualmente ya sea en cierre adelantado o postergado, tales como las de coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería, la gestión de los residuos peligrosos. Paralelamente, Ribera avanzó que el Ejecutivo impulsará un "paquete de medidas urgentes" antes de la remisión de dicha normativa. Entre estas medidas se encontrará una modificación del marco legal de la energía renovable con el fin de "revisar toda normativa que ha impedido su despliegue y la confianza" en España. Otras de las medidas también afectarán a la cogeneración, que Ribera llamó a "repasar y actualizar" y abogó además por reformar el autoconsumo, respecto al cual ha celebrado que exista una mayoría parlamentaria que busque "eliminar barreras administrativas que impiden su desarrollo". La patronal de los cogeneradores, Acogen, celebró sus palabras y declaró que "centenares de industrias clave para el país no pueden seguir en esa injustificada incertidumbre sobre su futuro y el de las positivas contribuciones que realizan a los sistemas energéticos. Ampliar el bono social Sobre el bono social, la ministra explicó la voluntad del Gobierno de abrir un "debate social" para ampliar el bono social de la luz para paliar la pobreza energética a otros suministros como el agua o el gas. Ribera explicó que desde la Administración hay que "impulsar" un proceso estratégico en torno a la lucha contra la pobreza energética en la que se impliquen todos los agentes para lograr un debate social en el que se coordinen las distintas medidas. De hecho, ha asegurado que desde el Gobierno impulsará el agua como un derecho humano -según reconoce la ONU- porque se deben garantizar los derechos fundamentales como el agua y la energía.