Los afectados denuncian que las cuentas de ese año no reflejaban la imagen fiel El Banco Popular afronta un nuevo frente judicial por la ampliación de capital que realizó en 2012. Hasta el momento, los afectados por la resolución de la entidad habían centrado sus reclamaciones en la inversión que realizaron en la ampliación de capital que el banco llevó a cabo en 2016, bajo el argumento de que las cuentas no reflejaban una imagen fiel. Ahora, el despacho Vallverdú Abogados ha iniciado la presentación de demandas de varios inversores que suscribieron acciones y obligaciones convertibles desde el año 2012 en adelante. El despacho alega que la entidad no reflejaba ya la situación real del banco en ese ejercicio, e incluso creen que estas prácticas podrían remontarse a 2009. "Estamos trabajando en ello", asegura el socio director del despacho de abogados, Rubén Cueto. El banco entonces liderado por Ángel Ron realizó una ampliación de capital hace seis años por 2.500 millones. El actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde, fue el primero en señalar que ya había dudas sobre el Popular hace seis años. En su intervención del pasado mes de abril en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera reconoció que fue una mala decisión no nacionalizar el banco en 2012, cuando se evidenciaron las necesidades de capital que tenía la entidad. Linde recordó que las pruebas de estrés de Oliver Wyman señalaron que el Popular necesitaba capital por 3.200 millones, sin embargo, la entidad tenía capacidad para conseguirlo de forma privada, acudiendo al mercado. "La verdad es que fue una alegría, porque era una entidad menos a ser financiada por el Estado", señaló el gobernador. Linde explicó que en ese momento, si se podía quitar peso a la ayuda europea, era bueno para todos. Primeras sentencias Por el momento, los juzgados civiles ya han comenzado el goteo de sentencias que dan la razón a los afectados del Popular e imponen al banco que les devuelva la inversión que realizaron al acudir a la ampliación de capital de 2016. Los distintos magistrados consideran en sus sentencias que los estados financieros de entonces no reflejaban la situación real del banco.