El Fondo de Garantía de Depósitos inyectó 1.011 millones a la caja para paliar las pérdidas de estas inversiones turísticasLa antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) está más cerca del banquillo por los presuntos desmanes en la entidad. En esta ocasión, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, pide juzgar por los delitos de apropiación indebida y administración desleal a 13 antiguos altos cargos de la caja, entre los que se encuentran el ex director general, Roberto López Abad, y el ex director general de empresas, Daniel Gil. Además, también pide procesar a otros tres directivos por delitos contra la Hacienda Pública entre 2008 y 2013. Según el auto, la CAM realizó inversiones ligadas al sector turístico en el Caribe que provocaron un perjuicio a la entidad de 1.011 millones de euros. Estas pérdidas fueron subsanadas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), a través de una inyección de capital por el mismo importe en 2011. No obstante, las operaciones le causaron un perjuicio al FGD de 28 millones. La instrucción concluye que la caja se embarcó a través de su filial Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), y un entramado de sociedades que colgaban de ésta última en siete operaciones, sin realizar un análisis sustancial de los riesgos. El modo de operar es que la firma TIP localizaba los proyectos y la CAM los financiaba. Compra de hoteles y suelo Así, entre estas operaciones, destaca la compra del mexicano Hotel Caracol y una parcela anexa en Riviera Maya para la que la caja dio un préstamo de 58,4 millones de dólares (unos 49 millones de euros, al cambio actual), "incumpliendo nuevamente las normas propias de concesión de un crédito, al acordarse sin información suficiente sobre la viabilidad del proyecto", señala la juez. De igual modo, la caja dio otro préstamo por unos 14 millones de euros para la compra de una parcela en Punta Cana "sin existir unas tasaciones previas ni informes sobre la viabilidad del proyecto". La juez ha dado un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertua de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. La Audiencia Nacional ya condenó el año pasado a cuatro directivos de la CAM a penas de entre dos años y nueve meses y hasta cuatro años de cárcel por falsedad contable y falsedad de información a los inversores.