Elke König, la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), advirtió ayer que hubiera sido "bastante improbable" que los acreedores de Banco Popular hubieran conseguido un mejor resultado liquidando la entidad. Si fuera éste el caso, los tenedores de bonos que perdieron 2.000 millones de euros con la resolución de la entidad tendrían derecho a una compensación, según las nuevas leyes de resolución bancaria europea. Tanto König como los grandes inversores del Popular que perdieron sus fondos están a la espera del informe que está realizando Deloitte para clarificar el resultado. Será la tercera evaluación que se realizará sobre el Popular, la cual se espera para las próximas semanas o en unos meses. La batalla por la compensación abrió un nuevo frente esta semana en EEUU. Algunos de estos inversores, como Pimco y Anchorage, además del empresario mexicano Antonio del Valle, solicitaron a un juez neoyorquino el acceso a documentos claves del Santander sobre la resolución y la venta de la entidad. König no comentó estas actuaciones, pero se mostró confiada en los casos judiciales en España y en Luxemburgo contra la labor de la JUR. Recurso de PwC La auditora PwC ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que declaró compleja la investigación sobre el Popular, ampliando así la instrucción hasta abril de 2019. El recurso cuestiona las fechas que el magistrado tuvo en cuenta. PwC considera que la fecha en la que se basó, el 3 de octubre de 2017, corresponde a la admisión a trámite de la querella, y que se debería acoger al 19 de junio, cuando se incoaron diligencias previas.