La junta de accionistas del Santander vivió su cara y su cruz con la operación de adquisición de Banco Popular. Mientras que Ana Botín defendía la oportunidad del "ciclo" en el que se cerró la operación, durante el turno de preguntas fueron varias las intervenciones de los antiguos accionistas del banco, en las que se reprochaba la compra y los términos en los que se había descapitalizado a los titulares de acciones del Popular. La presidenta del Santander rechazó cualquier responsabilidad en el proceso de liquidación de Banco Popular, ya que fueron la Junta Única de Resolución Europea y el Frob quienes tomaron todas las decisiones, tanto en la liquidación de acciones, como en el caso de los bonos. También destacó que gracias a la entrada del Santander se protegieron 36.000 millones en depósitos de clientes de Popular y no hubo coste para el Estado. Botín aseguró que el primer día de toma de control del banco, el Santander se vio obligado a inyectar "13.000 millones en liquidez" a la entidad presidida por Emilio Saracho. A esta inyección, habría que sumar los 7.000 millones aportados a través de la ampliación de capital. No obstante, la presidenta del banco lamentó las pérdidas sufridas por los inversores de Popular. Críticas al bono fidelización Respecto a la oferta voluntaria realizada por el Santander para los accionistas y clientes de Popular, los conocidos como "bonos de fidelización", que fue criticada por algunos de los asistentes a la junta, Botín defendió que habían obtenido una elevada aceptación -del 78 por ciento- y que, en el caso de los titulares de acciones valoradas en menos de 100.000 euros, ya habrían recuperado el 84 por ciento de la inversión. La presidenta del Santander no concretó si el banco había realizado alguna provisión específica ante los litigios legales que han abierto algunos antiguos accionistas de Popular. La cifra que sí recordó fue la provisión que mantiene el grupo por las cláusulas suelo heredadas de la cartera hipotecaria de Banco Popular. En concreto, la fijó en 223 millones; si bien defendió su legalidad y recordó que los tribunales no estaban dando la razón de forma lineal a todos los demandantes, sino que se estaba analizando caso por caso de forma particular.