Madrid es una de las regiones con mayor demanda de vivienda, tanto en compra como en alquiler. Sin embargo, la dinamización de este mercado tras la crisis está poniendo de relieve un grave problema al que se enfrenta la región en este periodo de crecimiento: la falta de suelo. Según explica José María García, director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, esto está generando un efecto de alza en los precios que dificulta todavía más el acceso a la vivienda de ciertas capas de la población más desfavorecidas o con dificultad de acceder al crédito bancario. "Todos estamos de acuerdo en que tenemos un problema de oferta que está generando una presión que se está materializando en un incremento de precios. En el ámbito de la venta las subidas son significativas, si bien todavía no estamos en los niveles pre-crisis, pero sobre todo el incremento se está dando en los precios del alquiler", explica García. Para poner solución a este problema la Comunidad se ha puesto manos a la obra para diseñar un plan de colaboración público-privada que ponga en valor el suelo público mediante la promoción de vivienda destinada al alquiler asequible, y por el momento ya tienen en el radar terrenos con capacidad para unas 12.000 viviendas. "Por nuestra parte queremos poner a disposición todo el suelo que sea posible y tenemos que encontrar la fórmula para ponerlos en valor. Por un lado, puede ser con promoción directa de vivienda pública, pero esta alternativa tiene unos límites, que son los presupuestarios. Por tanto, habría que encontrar fórmulas de colaboración público-privada y de economía social en la que pusiéramos en servicio este suelo con inversión, o bien del capital privado vía contratación pública pura y dura, o bien colaboración con la economía social y que al final este patrimonio siga perteneciendo a la Administración Pública". Ésta es la idea que defiende García desde que ocupa su cargo en el gobierno regional, ya que considera que de esta forma pueden dar una respuesta en el tiempo a una generación que tiene unas necesidades sin sacrificar a las generaciones venideras. Así, "el plan que estamos desarrollando contempla la inversión privada para la parte de la edificación, de modo que la Administración no pierde la titularidad de ese patrimonio", detalla. El proceso se hará mediante un sistema de contratación pública de libre concurrencia y de publicidad, y se llevará a cabo mediante derecho de superficie, o bien por concesión demanial, "dependiendo de la calificación de origen del suelo y del objetivo que nos planteemos en cada caso particular, ya que no todos los suelos darán respuesta a la misma necesidad". Unos darán respuesta a los jóvenes y pueden surgir espacios de coworking o coliving. Otros darán respuesta a los mayores que pretendan compartir servicios y dotaciones de una forma en común. "En función de cada proyecto se elegirá a quien dé mejores respuestas a esas necesidades y pueden ser fondos de inversión, promotores o incluso constructores que levanten los pisos para gestores de vivienda en arrendamiento. En otros casos, puede que funcionen mejor las fórmulas de autopromoción, de sistema cooperativo o de vivienda social", detalla García. En cuanto a plazos, el director general de vivienda considera que lo razonable es que fuera lo antes posible, "porque el problema ya lo tenemos a día de hoy y será acuciante de aquí a tres años. Todo lo que haya que hacerse, desde el punto de vista normativo, tiene que ser en este primer semestre. La fase de contratación y ejecución entra con posterioridad". Para que estas nuevas viviendas respondan al objetivo de ofrecer producto asequible la Comunidad optará por establecer ciertos límites en las condiciones y usuarios del alquiler. "Estamos todavía en la fase de maduración de la idea y del descenso al detalle, pero conceptualmente la idea pasaría por focalizar más la aportación de la Administración del suelo con un canon testimonial o equilibrado que permita incidir en el precio del arrendamiento, ya que queremos poner un número significativo de viviendas a un precio inferior en el mercado". Los plazos de las concesiones también se establecerán por proyectos concretos, si bien, "un tiempo razonable podrían ser unos 50 años". Este periodo se calculará también en base a la rentabilidad a unos horizontes de rentabilidad conservadores de en torno al 5 por ciento para los inversores.