El juez cree que los delitos han prescrito, aunque IU recurreEl titular del Juzgado de instrucción número 5 de León archivó ayer la causa por un presunto delito de administración desleal contra los 14 exconsejeros de Caja España que autorizaron la concesión de créditos al entonces presidente de la entidad, el constructor Santos Llamas, pese a que había incurrido en impago. El magistrado considera que han prescrito los delitos al haber transcurrido cinco años entre la fecha en la que se autorizaron las refinanciaciones, el 8 de enero de 2009, y el momento en el que fueron citados a declarar como imputados, el 6 de abril de 2015. Izquierda Unida, que actúa como acusación particular, ha anunciado un recurso de reforma en primera instancia y ante la Audiencia si es rechazado. La coalición recuerda que la Audiencia de León ya desestimó la petición de prescripción por entender que las refinanciaciones fraudulentas continuaron hasta el 26 de enero de 2012, por lo que no habrían transcurrido los cinco años hasta la citación de abril de 2015. Además, IU asegura que muchos de los investigados continuaron como consejeros hasta fechas cercanas al 26 de enero de 2012, día de las últimas refinanciaciones.