La industria de la inversión colectiva sigue de fiesta. El buen año de mercado y el creciente interés de los distribuidores financieros por vender fondos permitió que éstos cerraran con un alza patrimonial del 11,7% y, lo mejor, gran parte de ella vino por entradas de dinero. Muy diferente es la foto que dejaron los planes de pensiones, cuyo crecimiento se limitó a la revalorización de carterasLa industria de la inversión española cerró el año pasado con una cara y una cruz. La cara la pusieron los fondos de inversión tanto nacionales como internacionales, que vieron cómo su patrimonio crecía en un 11,7 y 34,4 por ciento, respectivamente, y que lo hacía no tanto por la revalorización de carteras, que también, sino sobre todo por las suscripciones de partícipes, muchos de ellos además nuevos ya que por primera vez se superó la cota de los 10 millones de partícipes en fondos españoles. Tal fue el éxito que los fondos españoles consiguieron en 2017 lo que hace apenas dos años parecía imposible, gestionar más dinero que el que hay en los depósitos a plazo, por lo que no es de extrañar que el balance anual de la industria fuera más que positivo: 463.886 millones de euros en activos gestionados (se incluyen también fondos extranjeros y sicavs) lo que supone un nuevo récord histórico. Hasta aquí la cara. La cruz, sin embargo, volvió a quedarse en el negocio que las gestoras tienen en planes de pensiones. Sí, es cierto que su patrimonio también se elevó (un 4 por ciento concretamente) pero la diferencia es que este crecimiento se debió más a factores más ligados al comportamiento del mercado que a otra cosa. En concreto, según los datos que recopila Inverco, de los 4.238 millones que ganó la industria solo 427 fueron aportaciones netas realizadas por unos partícipes que, a diferencia de lo que sucede con los fondos, menguan año tras año (ver gráfico). El mal momento que acumulan los planes de pensiones privados en España junto con los avisos que llegan desde diferentes organismos internacionales sobre la insotenibilidad del modelo de pensiones tal y como lo conocemos hoy, en el que la pensión cubre de media el 80 por ciento del último salario frente a una media del 42 por ciento en la OCDE, ha llevado al Gobierno a buscar medidas para fomentar el ahorro privado a través de estos vehículos y dos de ellas han sido las que más titulares han acumulado. La primera, la decisión de que estos planes ganen competencia limitando sus comisiones máximas en función del activo donde invierten. Y la segunda, la de dar liquidez a estos productos a partir de 2025 para aportaciones con una antigüedad superior a 10 años con el objetivo, según explicó Mariano Rajoy, de "incentivar que el ahorrador piense en el largo plazo", sobre todo el más joven -hoy solo el 17 por ciento de los partícipes tiene menos de 40 años-. Una medida esta última que desde Inverco creen que puede funcionar a la hora de captar ahorro nuevo a largo plazo, lo que no anula el hecho de que sigan pidiendo otras medidas para fomentar el ahorro en este tipo de productos. "Esta medida es insuficiente. Lo que se debe valorar en el Pacto de Toledo es cómo debe ser la estructura del sistema de pensiones a medio y largo plazo para que sea sostenible y esté basado en un ahorro privado y en la pensión pública. Todo pasa por la educación financiera y porque informen mediante carta a los trabajadores de cuál va a ser su pensión futura como prometieron", apunta Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco. De hecho, esta promesa acumula ya 37 meses de retraso ya que lo único que se ha hecho desde el Ministerio de Empleo es poner un simulador en la web que te calcula lo que recibirías de pensión en función de lo que uno lleva cotizado pero sin tener en cuenta el efecto inflacionista y que obvia el hecho de que las pensiones máximas están topadas. La información que el futuro pensionista recibe genera, por tanto, una ilusión monetaria que está muy lejos de fomentar el ahorro privado. A vueltas con Mifid II Si el reto de las pensiones es importante, también lo es al que se enfrentan las gestoras de fondos en este 2018 llamado Mifid II. La Directiva Europea que entró en vigor el 3 de enero obliga a las gestoras a ser más transparentes en la información que dan a sus inversores tanto en lo que se refiere a los riesgos de mercado como a los costes, además de modificar los pilares de sus modelos de negocio, que establece en cuatro: pura ejecución, gestión discrecional de carteras, asesoramiento no independiente y asesoramiento independiente. Sin embargo, como aún no está transpuesta a la normativa española -ya no se espera que se haga hasta el mes de junio como pronto-, muchas entidades siguen sin destapar sus estrategias. De momento, las que se han pronunciado se decantan por ofrecer asesoramiento dependiente que permite seguir cobrando retrocesiones siempre que se ofrezca un valor añadido y por fomentar su servicio de gestión de carteras.