El grupo Santander ha cerrado su primer ERE por la compra de Banco Popular con una adhesión voluntaria del 98 por ciento. Es decir, de los 1.100 despidos planteados por la entidad para los servicios centrales de Santander y Popular, 1.080 trabajadores se han adscrito al ERE de forma voluntaria y las 20 salidas restantes se harán de forma forzosa. De estas 1.100 salidas, el 70 por ciento, es decir, 769, corresponde a empleados del que era el sexto banco del país, mientras que el 30 por ciento restante, 331, es de trabajadores de la entidad cántabra, según fuentes sindicales. El 63 por ciento de estas salidas corresponden a prejubilaciones de empleados mayores de 50 años. Por otro lado, y fuera del ERE, el banco reubicará a 100 empleados de los servicios centrales en otras áreas del grupo, sin que se produzca ninguna movilidad geográfica. El Santander cierra así el primer recorte, cuyas negociaciones inició en el cuarto trimestre de 2017, por la adquisición del Popular el pasado verano. El banco busca ahora tiempo para integrar los sistemas informáticos de ambas entidades y, una vez avanzada la operación, planteará el segundo recorte, que afectará a la red de oficinas a finales de 2018 o principios de 2019. La intención, como dejó claro la presidenta, Ana Botín, en la presentación de resultados del ejercicio pasado, es avanzar hacia una marca única, que es la del Santander. El banco descarta cerrar oficinas del Popular antes de iniciar la negociación con los sindicatos, no obstante, esto no significa que no se produzcan determinados cierres puntuales, en línea con los ajustes que las entidades llevan realizando en los últimos años.