El eurobanco se niega a informar sobre los fondos de emergencia y los ratios de capital previos a la resoluciónLa Junta Única de Resolución finalmente publicó ayer gran parte de los documentos relacionados con la resolución de Banco Popular el pasado 7 de junio, incluido el informe de Deloitte demandado por el Gobierno y por los inversores afectados. La divulgación de las evaluaciones de la entidad confirmó los escenarios publicados con anterioridad. Evidenció la precipitación e incluso la base endeble sobre la que las autoridades europeas ejecutaron su decisión, según el informe de Deloitte. Y, sobre todo, puso en la picota al sacrosanto BCE. Porque fue más bien la información que no se publicó la que continuó sembrando dudas sobre la primera resolución de una entidad realizada bajo el nuevo marco europeo creado con la unión bancaria. Tal y como ya había advertido la JUR, y confirmaron los documentos de ayer, el Popular no tenía un problema de solvencia, sino de liquidez. Sin embargo, la fuga de depósitos, que se aceleró sobre todo en las semanas previas a la caída definitiva, llevaron a la entidad a una situación en la que iba camino de caer, o era todo lo probable, tal y como diagnosticó el BCE en ese martes por la noche del 6 de junio. El veredicto del eurobanco precipitó la resolución. Fondos de emergencia El BCE, a través del Banco de España, podría haber jugado un papel fundamental al conceder la liquidez de emergencia (Emergency Liquidity Assistance-ELA) que podría haber servido para contener los daños e intentar mantener el banco a flote. El Banco de España, con el beneplácito del BCE, no concedió la liquidez y Fráncfort concluyó que el Popular no resultaba viable. El eurobanco no ha querido desvelar los techos fijados para la concesión de liquidez de emergencia o las cantidades. Tampoco ha facilitado información sobre las garantías (colateral) presentadas por el Popular para poder acceder al ELA. Por último, también rechazó aclarar cuál era la situación en términos de liquidez de la entidad y los ratios de capital en los días previos a que el Santander comprara el banco por un euro. Algunos de los grandes inversores afectados por la resolución (PIMCO, Anchorage Capital Group, Algebris Investments, Ronit Capital y Cairn Capital), ya habían intentado acceder a la misma información. En su respuesta, a la que tuvo acceso elEconomista, el BCE ofrece una batería de argumentos para mantener la opacidad. En el caso de la información sobre la liquidez de emergencia, argumenta que su difusión podría "crear o exacerbar incertidumbre sobre la verdadera salud" de bancos, "alimentar especulación injustificada en los mercados", o generar la expectativa de que el BCE actuaría de una manera similar en el futuro, incluso si no lo consideraría justo. Respecto a las garantías, argumenta que representa información "comercialmente sensible" que podría dañar los intereses del Popular y el Santander. Además reduciría la efectividad de la ELA para mantener la estabilidad financiera (al exponer la salud de la entidad) y podría dañar la "efectividad" de la respuesta para atajar la escasez de liquidez en el futuro. Por último, rechaza facilitar cuál era la situación de la entidad porque estaba cubierta por "el secreto profesional y las reglas de confidencialidad" que se aplican en la supervisión bancaria. E incluso se escuda detrás del Santander. Indica que la publicación de la situación del Popular "dispararía la especulación entre los participantes del mercado sobre la posición de liquidez del Santander y sus necesidades de financiación lo cual, por otro lado, podría generar presiones a la financiación injustificadas". Los tres elementos están estrechamente contactados. La fuga de depósitos, en parte provocada por declaraciones de la presidenta de la JUR Elke König a Bloomberg y una filtración a Reuters, llevaron a la entidad solvente hasta el borde del barranco. Por lo que la ausencia de suficiente colateral le impidió al Popular continuar tirando de la liquidez de emergencia que le facilitaba el BCE a través del Banco de España. No obstante, el ocultamiento de las cifras y las valoraciones del BCE impiden captar la foto del problema. Explicación creíble Los inversores intentaron en varias ocasiones, la última en una carta fechada el 16 de octubre, acceder a esta información. En esta misiva, los abogados de los afectados demandaban que el eurobanco suministrara "una explicación clara y creíble" a la ocultación de la información. En la larga lista de contraargumentos, señalan la vaguedad de algunos principios, el hecho de que la resolución ya se ha concluido, el éxito del Santander en reunir provisiones para financiar la recapitalización del Popular, o que la estabilidad del sistema financiero ya no esté en riesgo. Precisamente, fuentes de la JUR explicaron ayer que el éxito al preservar la estabilidad del sistema financiero, unido al retraso en la publicación de los documentos desde que se tomaron las decisiones, les permitió revelar más información de la que estaban obligados. Al ser preguntados por la no difusión relativa a la fuga de capitales, las garantías disponibles o la liquidez de emergencia, las mismas fuentes comentaron que la publicación no estaba en sus manos, ya que caía en el terreno del BCE y de las otras partes involucradas. Desde el BCE explicaron ayer a este diario que la institución siempre publica "tanta información como es posible". Sin embargo toda la información relativa a la liquidez de emergencia facilitada a entidades particulares "es una línea roja". Solo se ha empezado a facilitar esta información de manera agregada relativa a todo un país a raíz de la crisis griega. No es un secreto la opacidad de los bancos centrales. Pero la falta de transparencia del BCE ha llegado a ser un problema tan visible que ha generado un conflicto con el Tribunal de Cuentas Europeo. En menos de un año, los auditores europeos han chocado en tres ocasiones con la institución que preside Mario Draghi. El pasado año, expresaron su "preocupación" por la falta de acceso a documentos necesarios para evaluar al Mecanismo de Supervisión Único, empotrado en la estructura del banco central. También se enfrentaron cuando el Tribunal intentó indagar en el rol que jugó la institución de Francfort en el rescate griego. Más importante a la luz de este último caso, los auditores criticaron el pasado 16 de enero que Draghi y su equipo rechazaron facilitar "pruebas importantes" necesarias para evaluar "la eficiencia operacional" del sistema de gestión de crisis bancarias creado con la unión bancaria de la UE. Consultas al Santander El BCE, además de Deloitte, el Popular y el Santander, fueron consultados por la JUR el pasado otoño. Tras esta consulta, y su propia valoración, decidió publicar ayer partes adicionales de la Decisión de Resolución, de los informes de valoración y del plan de resolución del popular de 2016 no se habían publicado en la primera descarga el pasado verano. Además de estas partes no confidenciales, también publicó documentos relativos a la acción de resolución, la decisión sobre comercialización y la carta del proceso de venta. El informe de valoración de Deloitte, el más reclamado tanto por los afectados como por el Gobierno, pintó una situación que puede sembrar algunas dudas sobre la ejecución de la resolución, y que puede dar munición adicional a las causas abogados de los grandes inversores presentadas ante la justicia española y europea. En su documento fechado el 6 de junio de 2017, la consultora lanza claras advertencias con las que intenta poner tierra de por medio con un proceso con el que no parece para nada cómodo. En primer lugar indica que "hemos sido obligados a preparar este informe en un periodo extremadamente corto de tiempo". Aunque el acuerdo inicial alcanzado con la JUR en mayo de 2017 les daba seis semanas para preparar el documento, la complicada situación de liquidez les obligó a realizarlo en 12 días. La consultora reconoce que su análisis ha sido parcial, y que no han tenido acceso a "cierta información crítica". Además, lamenta que no han tenido la oportunidad de discutir las conclusiones con la dirección, auditores, supervisores y otras partes involucradas. Y dejan una conclusión meridiana: la evaluación debería ser tomada como "muy incierta". Desde el JUR minimizaron estas advertencias escritas por los autores de Deloitte en su introducción. Indicaron que en situaciones de necesidad, la ley de resolución europea ya prevé acelerar los plazos para la realización de estos informes por el evaluador externo. Y más allá de que el informe no se realizara en condiciones óptimas, desde la Junta explican que era necesario actuar en bien del interés público. Así, recuerdan que se lograron los objetivos de la resolución: "garantizar la continuidad de las funciones críticas" realizadas por el Popular, ya que el banco abrió al día siguiente, se evitaron "efectos adversos significativos" para la estabilidad financiera, y todo ello sin que los contribuyentes tuvieran que aportar un euro. La publicación sin embargo no satisfizo a los principales afectados. Richard East, de la firma Quinn Enmanuel que representa a los grandes inversores, se refirió a esa "alta inseguridad" mencionada en el documento de Deloitte para concluir que el informe "claramente muestra la ausencia de cualquier análisis real y valoración apropiada". El informe ofrecerá así munición adicional a los intentos de estos inversores por anular la resolución, en la que accionistas y tenedores de deuda subordinada vieron cómo el valor de sus títulos quedaba reducido a cero. Además de las causas administrativas, esta semana los inversores se personificaron en la causa que lleva la Audiencia Nacional contra la dirección del Banco Popular y su auditor PC. Resolución inevitable todavía se está a la espera de la publicación de un último informe que está elaborando Deloitte. El objetivo es valorar si estos antiguos accionistas y acreedores hubieran conseguido un mejor resultado si el banco hubiera sido sometido a un procedimiento concursa. Este último estudio es visto como fundamental para juzgar hasta qué punto pueden tener recorrido la batalla legal de los afectados. Desde el sector bancario observan que no hay razones para el litigio. Ý consideran que fue "inevitable" la resolución del Popular por la situación a la que había llegado. El informe de Deloitte confirmó ayer las tres valoraciones que se habían realizado al estado del banco, en función del agujero detectado en el banco según los resultados al cierre del primer trimestre (31 de marzo), cuando se tenían todos los datos. En la valoración más positiva el banco tenía un precio de 1.300 millones de euros, mientras que en la central se quedaba en el terreno negativo con 2.000 millones de euros. EL escenario más pesimista lo arrastraba hasta menos 8.000 millones de euros. Según el informe de Deloitte, el Popular tenía un patrimonio de 10.800 millones de euros. En el peor de los casos, el agujero podría llegar a los 22.600 millones de euros, mientras que en el mejor se quedaba en los 11.800 millones. El escenario central lo dejaba en 14.700 millones. Al desglosar el agujero, la JUR ha ocultado la información relativa a los costes legales derivados de los procesos judiciales y otros asociados a los acuerdos y alianzas del Popular. Las mayores pérdidas llegarían por el deterioro en la cartera de préstamos, que podría llegar hasta los 7.000 millones de euros, aunque el escenario central lo rebaja hasta la mitad.