El querellado eludió el pago de un millón de euros en la compra de un aviónJaime Botín, expresidente de Bankinter, ha pactado con la Fiscalía Provincial de Madrid y la Abogacía del Estado aceptar una pena de nueve meses de prisión y una multa de 506.134 euros por fraude a la Hacienda Pública. La Fiscalía de Madrid se querelló contra Botín y tres personas más el pasado mes de julio por un delito fiscal cuya cuota defraudada ascendió a 1,04 millones de euros. Concretamente, el exbanquero, junto a estas tres personas, crearon un entramado de empresas a través del cual deslocalizaron de manera artificiosa un avión, propiedad de Jaime Botín, a Portugal, país en el que no existen impuestos para este tipo de actividades. Sin embargo, y siempre según la Fiscalía, la aeronave tenía su base de movimientos en el aeropuerto madrileño de Torrejón de Ardoz. Con este modo de actuar, los querellados evitaron hacer frente al Impuesto Especial Sobre Determinados Medios de Transporte. Botín constituyó en 1989 la empresa World Tour, de la que tenía la mayoría de la propiedad. Esta firma adquirió en 2012 el avión por 10,7 millones de dólares (9,07 millones de euros, al cambio actual) que utilizó Botín y su círculo más cercano para sus necesidades de desplazamiento. El contrato reflejaba que la aeronave debía disponer de certificación comercial expedida en España y que la entrega se realizaría en Torrejón. Trabas a la inspección Por otro lado, el Ministerio Público también señala que los querellados conocían la existencia de una inspección por parte de la Agencia Tributaria desde octubre de 2016 y acordaron un mes más tarde convocar una Junta de Accionistas en la que se decidió la liquidación de la firma World Tour y la adjudicación de la totalidad de su haber social a Jaime Botín. Según la Fiscalía, la disolución de la empresa y la deslocalización tenían el objetivo de "hacer inútil o dificultosa" cualquier reclamación administrativa o judicial de la cuota defraudada. Estos activos fiscales no fueron declarados por parte de Botín "en sus declaraciones de IRPF y de impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2016 ni en la declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero", reseña la Fiscalía. Éste es el segundo varapalo judicial del expresidente de Bankinter en este año. Ya el pasado mes de julio, el Tribunal Supremo desestimó un recurso para devolver a la familia Botín (Jaime Botín y sus cuatro hijos) 1,7 millones de euros, parte del dinero que regularizaron ante la Agencia Tributaria en 2010 para evitar la comisión de delito fiscal, tras descubrirse que tenían dinero en el HSBC de Ginebra (Suiza) gracias a la lista Falciani. Entre los cinco pagaron 200 millones por el IRPF de 2010 y el Impuesto de Patrimonio de 2005 a 2009. Jaime Botín aseguró en su día que este dinero correspondía al patrimonio que su padre sacó de España en 1936 con el estallido de la Guerra Civil.