El Gobierno puso en marcha una aplicación para evitar el acceso a estos datosIberdrola sigue pidiendo a los clientes una copia de su declaración de la renta, pese a que el Ministerio de Energía ya ha puesto en funcionamiento la aplicación que evita tener que presentarla. elEconomista intentó esta pasada semana realizar una solicitud en una de las oficinas de la eléctrica, fuera de Navarra y País Vasco, donde sigue sin estar claro el procedimiento, y en el proceso se exigió una copia de la declaración. Pese a las explicaciones que se aportaron sobre la existencia de la plataforma y la normativa, la respuesta del comercial siempre fue exigir esta declaración de la renta, al indicar que no habían recibido orden de lo contrario. Iberdrola lo achacó ayer a un caso puntual, pero en su web, al menos hasta ayer, seguía apareciendo como uno de los requisitos indispensables. Otras empresas consultadas indicaron que ya no se solicita y que desde hace dos semanas la aplicación del Ministerio está plenamente operativa. Las otras compañías ya no lo tienen en su web como uno de los requisitos. Fuentes del sector lamentan que toda esta tramitacion tenga que realizarse por las eléctricas y reclaman un sistema similar al de las familias numerosas, es decir, que sea el Gobierno quien lo certifique y quien realice el papeleo. El Ministerio de Energía esperaba que se agilizaran los trámites para los solicitantes del mismo, pero la confusión sigue reinando en estas solicitudes, puesto que incluso los certificados que emite la Seguridad Social siguen aportando datos de carácter personal. El reglamento establece también que el solicitante podrá seguir acreditando sus ingresos de renta mediante la presentación a su comercializadora de referencia de la declaración del IRPF de cada miembro de la unidad familiar, pero únicamente de forma voluntaria. La eléctrica, además, tiene que implementar un sistema para garantizar la protección de esos datos. El bono social es un descuento en la factura eléctrica al que pueden acogerse los consumidores domésticos, según su nivel de renta y determinadas circunstancias personales, y permite descuentos de entre el 25 por ciento y el 40 por ciento.