Los supervisores cierran Basilea III y evitan el castigo a la deuda soberanaLos principales supervisores financieros del mundo, que engloban el Comité de Basilea, han alcanzado un acuerdo sobre la implementación y homogeneización de los requisitos de capital a la banca. Tras meses de negociaciones y desavenencias, han sellado una alianza que suaviza las exigencias de solvencia para muchas entidades. El pacto, que ahora debe ser asimilado y adaptado a las legislaciones naciones, da carpetazo al sinfín de reformas puestas en marcha desde el estallido de la crisis para que los bancos sean más seguros y eviten su caída precipitada ante cualquier adversidad. Los inversores acogieron con alborozo los cambios introducidos, porque reducen la presión sobre el sector, lo que ayuda a incentivar el negocio crediticio y la política de dividendos. Aunque los ratios de capital no varían con la reforma, buena parte de los bancos podrán minimizar el impacto de las exigencias gracias a la implantación de modelos propios para calcular sus riesgos. Eso sí, los supervisores han puesto límites en la discrecionalidad que pueden aplicar cada uno de los grupos financieros. Límites Esta es una de las grandes novedades de la nueva normativa, pero es más laxa de lo que se preveía, ya que las entidades tendrán que usar criterios similares en sus estimaciones de riesgos en un 72,5 por ciento a las fijadas en los modelos estándar, que son los que utilizan los bancos de menor tamaño. Este nivel de homogeneización es inferior a lo que pedía Estados Unidos en las negociaciones para cerrar los flecos de la normativa Basilea III. Además, la banca gana tiempo para poner en marcha toda la maquinaria. En un principio, estaba previsto que las nuevas exigencias entraran en vigor en 2019 y el acuerdo establece que no será hasta 2022, con un periodo transitorio y gradual de cinco años para su aplicación completa. Otro de los puntos claves de la reforma es que no incluye ningún tipo de penalización en las carteras de deuda soberana que atesora el sector financiero en sus balances, ya que los diferentes reguladores han sido incapaces de alinear sus posturas. De esta manera, los bonos y obligaciones que emiten los Estados seguirán como hasta ahora, calificándose como activos sin riesgos. Este era uno de los aspectos que más preocupaba al sector, ya que o bien tendrían que deshacerse de estas carteras o incrementar sustancialmente las coberturas y el capital por la tenencia de este tipo de deuda. Tanto desde el BCE, Bruselas como el FMI se felicitaron por el acuerdo alcanzado por los reguladores en la tarde noche del jueves, ya que, a su juicio, refuerza la seguridad y confianza de los sistemas financieros y aumenta la homogeneidad en los criterios.